El compromiso de demoler aquellas construcciones que los desarrolladores inmobiliarios edificaron violentando la norma 26 se debe cumplir, señaló el secretario de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Raúl Flores García, al advertir que se articula con la exigencia de vecinos de que abusar de la norma tenga una consecuencia.

El también presidente del PRD capitalino consideró favorable, para comenzar en el órgano legislativo la discusión sobre la Norma 26, el convenio suscrito por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de tomar cartas en el asunto y atacar las irregularidades que se presentaron con la disposición.

Veremos una actividad más importante de la autoridad que tiene que sancionar en esta materia y allí donde se hayan cometido abusos pedir que se hagan las correcciones y no hablar en abstracto nada más, por respeto a la posición del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y de los vecinos, apuntó.

En entrevista, sostuvo que es comprensible la preocupación del mandatario capitalino en su llamado a la ALDF para que inicie ya la discusión sobre la norma y se resuelva a fin de que la iniciativa privada pueda participar en la producción de vivienda de interés social en condiciones de legalidad, para evitar que se siga expulsando a más gente a la periferia o, lo que sería más grave, a ocupar suelo de conservación ante la incapacidad de disponer de un crédito suficiente para adquirir vivienda de mayor valor.

Sobre la advertencia del titular de la PAOT, Miguel Ángel Cancino, en cuanto a nuevas irregularidades, como la entrega de departamentos a quienes los adquieren sin la posibilidad de que puedan escriturar, sostuvo la relevancia de medias como la del tatuaje jurídico, que propuso implantar en el folio real de una propiedad en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y que permita identificar si estará destinada a vivienda de bajo, medio o alto costo.

Flores García aludió también su propuesta de crear una figura de ombudsman o interventor urbano, que se ocupe de vigilar la correcta aplicación de las normas en materia de vivienda e infraestructura y evitar ese tipo de fraudes de las empresas inmobiliarias y que bien podría ser la misma PAOT, “con uñas y dientes, que hoy no los tiene, y que necesita para realizar su labor.

Tenemos que ir a una discusión seria y no equivocarnos. Por eso se ha planteado que sea un defensor de los temas urbanos, ambientales, del uso de suelo, con facultades necesarias y la capacidad vinculante en sus resoluciones para que estas se hagan valer, señaló.