La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en lista para una próxima sesión los amparos contra los permisos concedidos a la trasnacional Monsanto para la producción de soya transgénica, así como el recurso contra el decreto emitido por el presidente Enrique Peña Nieto para modificar las condiciones de operación del parque nacional Nevado de Toluca.

Productores de miel, encabezados por Angélica María Ek Canché, promovieron amparos contra Monsanto y la dirección general de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) por la expedición de un permiso para la siembra de soya genéticamente modificada.

Entrevistada al término de la sesión, Ek Canché exigió a los ministros ordenar que dejen de sembrarse 253 mil 500 hectáreas en cinco polígonos en la península de Yucatán, Chiapas y la planicie huasteca, cultivos cuyos permisos fueron otorgados el 11 de mayo de 2012.

Indicó que en fecha próxima se cosechará la primera soya transgénica, por lo que exigen que deje de sembrarse, pues la afectación al medio ambiente es notoria, además de que el cultivo ya afectó a más de 25 mil familias dedicadas a la apicultura en la Península de Yucatán.

Respecto al parque nacional Nevado de Toluca, una quejosa se inconformó por el decreto emitido en el Diario Oficial de la Federación el 1º de octubre de 2013, que modificó el decreto del 25 de enero de 1936, promulgado por el presidente Lázaro Cárdenas, donde declara parque nacional a la montaña denominada Nevado de Toluca.

La demandante considera que la modificación del decreto viola los derechos humanos en materia ambiental, así como la obligación del Estado de garantizar y proteger la vida en condiciones dignas.

Tras el aplazamiento de la soya transgénica, diversas organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y de productores exhortaron a los ministros a resolver el caso conforme a los principios constitucionales de pluriculturalidad y el Protocolo de Cartagena, el principal instrumento internacional que regula el comercio internacional, el manejo y el uso de los organismos genéticamente modificados.

En una declaración conjunta, piden no omitir las graves violaciones cometidas por las autoridades contra derechos humanos del pueblo maya, entre ellos, el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

Entre las organizaciones que suscriben la declaración están: Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Centro Pro de Derechos Humanos, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas.