Ante las irregularidades cometidas en construcciones inmobiliarias de la ciudad de México, debe haber sanciones ejemplares para las autoridades que dejaron hacer las obras y crear una lista negra de los constructores que incurrieron en anomalías para impedir que sigan trabajando, expresó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo.

Expuso que el desarrollo urbano será el tema de la ciudad, pero hay que decirlo muy claro, sí se han cometido fraudes y el principal responsable es el Estado, por acción u omisión.

En entrevista, manifestó que para garantizar el derecho a la vivienda, ante la serie de irregularidades que van desde violaciones al uso de suelo hasta los fraudes, la Asamblea Legislativa debe ajustar las normas.

Recordó que la CDHDF emitió recomendaciones a varias delegaciones, que no quisieron aceptar, pero en las investigaciones detectaron que las construcciones no cumplen con el derecho a la vivienda.

Es una trampa. Hay que decirlo con claridad, están haciendo fraudes a la sociedad, generando daños al interés público en agua, tránsito, hacinamiento y violencia intrafamiliar, porque hacen departamentos de 38 a 45 metros cuadrados sin espacios de recreación, sin cumplir los estándares de calidad en edificios nuevos, acusó.

Agregó que la trampa está justo entre la empresa constructora, la delegación y la instituciones que están dando los permisos o que no actúan. Todos juegan, pues el constructor dice a mi me dieron los permisos, la delegación dice que la ley la faculta; sin embargo, la asamblea tiene que regularizarlos.

Gómez Gallardo, aclaró que no está en contra de la obra pública ni de interés social, pero no se está haciendo con una visión de derechos humanos, es decir, espacio digno, accesibilidad y derechos ecológicos; eso se tiene que tomar en cuenta.

Compradores, inocentes

El derecho urbano es toda una visión del derecho a la ciudad y eso implica un espacio digno donde vivir y el suministro de agua, pero te lo interrumpen residuos sólidos. Todas las delegaciones tienen problemas de desechos, abundó.

Sobre la situación que podrían enfrentar los propietarios de inmuebles que fueron construidos bajo la Norma 26, pero que son edificios con departamentos de lujo, la presidenta del organismo afirmó que los dueños no tiene responsabilidad, porque fueron compradores de buena fe, por ello reiteró:el gobierno siempre por acción o por omisión será el responsable de las construcciones irregulares.