n día después de la detención de cuatro dirigentes magisteriales en Oaxaca –trasladados al penal de máxima seguridad del Altiplano–, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, Gilberto Higuera Bernal, precisó que esa dependencia aún tiene 26 órdenes de aprehensión por ejecutar y dijo que en todos los casos hay delito grave, por lo que no tendrán derecho a libertad bajo fianza.

En tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) expresó en voz de sus dirigentes que no detendrán sus acciones de protesta contra la reforma educativa y las evaluaciones y repudió que los aprehendidos hayan sido llevados a un penal de máxima seguridad, equiparándolos con delincuentes.

Cabe dudar, en efecto, de que las detenciones efectuadas por la PGR hayan obedecido a un súbito celo legalista de este gobierno por cumplir con órdenes de aprehen­sión que fueron giradas desde hace más de tres meses. Por lo contrario, da la impresión de que las detenciones magisteriales comentadas son muestra de una peligrosa determinación del gobierno federal por incrementar el pulso que mantiene desde hace meses con la CNTE por la reforma educativa. Peligrosa porque, a juzgar por la reacción del magisterio crítico, no hay en el horizonte perspectivas de solución del conflicto; antes bien, todo indica que éste crecerá en explosividad y encono.

Debe recordarse que la resistencia del magisterio disidente frente a una reforma que en nada contribuye a la calidad de la educación, y en cambio atenta contra sus derechos laborales, ha exhibido en reiteradas ocasiones el carácter improcedente de la referida modificación legal. Esa vocación de fracaso no radica en un rechazo inflexible de los maestros a ser evaluados, como han propalado en falso los promotores de la reforma y sus medios de comunicación afines, sino consecuencia de la forma poco transparente y autoritaria en que fue procesada la reforma constitucional en materia de enseñanza.

Si desde un principio los promotores de la reforma hubiesen escuchado las posturas de los docentes y especialistas en la materia y las hubiesen incorporado en las discusiones correspondientes –en el entendido de que el magisterio es actor clave en el funcionamiento del sistema educativo–, habrían conjurado el descontento que hoy se expresa en varios estados y que se ha manifestado en una inoperancia total de la reforma mencionada.

Sin embargo, los encargados de la conducción política del país han hecho oídos sordos a los llamados de académicos, docentes y organizaciones de la sociedad civil para revisar las leyes educativas vigentes y han emprendido campañas de linchamiento mediático y estrangulamiento financiero –como la decisión de reformar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca– contra el magisterio disidente.

Ahora se producen las detenciones de maestros, y de esa forma se consuma la conversión de un conflicto que en su origen fue de índole laboral y educativa en una problemática política con connotaciones penales y de seguridad pública. Semejante circunstancia refleja potencial desestabilizador y explosivo que puede adquirir cualquier régimen –y el mexicano no es la excepción– cuando renuncia a hacer política y busca imponerse por la fuerza.