a transparencia es la nueva frontera de las democracias y a la par de la apertura gubernamental constituye el mejor antídoto contra la corrupción, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto en la apertura de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto 2015, iniciativa multilateral voluntaria que busca mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación cívica y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos. Por cierto, México será la sede por un año de esta cumbre.

Desde luego que los dichos del Presidente no tienen nada que ver con la realidad, todos los mexicanos y las estadísticas damos cuenta de que en nuestro país prevalece la más profunda corrupción en todos los niveles. Esto es igual en los estados, donde los gobernadores, además de cobrarse el veintidiezmo del presupuesto de obra pública, endeudan a sus estados con cuentas impagables. En los municipios poco se ha hablado del tema de la corrupción; las organizaciones municipalistas hasta ahora sólo han interpretado la situación que prevalece, tomando como referencia el artículo 115 constitucional, pero poco se había hecho por impulsar el cambio del statu quo, es decir, de la más terrible corrupción.

Hasta hace poco, no habíamos puesto atención en por qué la partidocracia, en alianza con los grupos de poder en cada región y municipio, disputan a muerte el botín municipal; compran votos con promesas y dinero, y hasta usan grupos de choque para presionar en las comunidades el voto a su favor. Nuestras organizaciones se crearon en la cultura de la autogestión y de la apropiación del proceso productivo; como consideraban que las administraciones municipales son coto de los partidos políticos, no se metían en sus asuntos. Sin embargo, al recorrer las comunidades y colonias de los municipios, comenzamos a darnos cuenta de que existen muchas necesidades elementales, mientras en los ayuntamientos se nos dice que nos hay recursos.

Al entrar en materia, ubicamos que existe una partida especial del Ramo 33 del presupuesto federal que se aplica a construir obra pública en comunidades marginadas en 10 rubros de necesidades básicas. En municipios promedio de 60 mil habitantes, por ley les tocan alrededor de 75 millones anuales. Son fondos inembargables que llegan por obligación federal a cada municipio, y entre más marginación exista, el presupuesto es mayor.

Pero en la realidad estos fondos se convierten en la caja chica-grande de los presidentes municipales. El antirrecorrido de la aplicación de estos fondos es el siguiente: no se planifica (primera base de la corrupción), los programas operativos anuales se hacen en gabinete y no opera el organismo de planeación y seguimiento que por ley debe conducir estos procesos (Coplademun), no existen comités de obra ni expedientes técnicos, no se realizan las obras presupuestadas porque la planeación se simuló, la comprobación con la Auditoría General del Estado se hace a la perfección con el beneplácito y apoyo de los auditores. El resultado final: no hay desarrollo social.

Durante los meses recientes, organizaciones sociales de varios municipios de la Costa Grande y la Costa Chica de Guerrero han venido impulsando un nuevo movimiento social que tiene que ver con la trasparencia y la rendición de cuentas. Veamos algunos casos:

En Ayutla de los Libres, desde hace ya más de un año, y con la intermediación de funcionarios de alto nivel, se ha venido proponiendo la elaboración de un programa de desarrollo integral municipal, cuya elaboración parta de las comunidades. Hasta la fecha, prevalece la falra de interés de los tres niveles de gobierno. Lo más simple que piden ahora es que se les informe qué obras ha considerado cada dependencia de gobierno para cada una de sus comunidades, pero ni eso se ha podido lograr.

En Atoyac de Álvarez, después de movilizaciones y tomas de instalaciones, se ha logrado el compromiso de culminar con las obras consideradas para 2015; una nueva funcionalidad para el municipio donde impere la transparencia, una nómina sin aviadores, cabildos abiertos y una atención digna a la gente; que la programación de obras 2016 se haga en asambleas comunitarias, y la coordinación para gestionar conjuntamente obras de impacto como el agua potable, la basura y la conducción de aguas negras.

En Coyuca de Benítez, regidores que no dan la cara porque sienten que se sacaron la lotería y un presidente municipal sin voluntad política obligaron a que la gente se movilizara y tomara las instalaciones para demandar que se haga público el desglose de los recursos aplicados por el Ramo 33, que se instale el Coplademun para iniciar el proceso de planeación, que se calendaricen las sesiones de cabildo abierto y que se considere la participación de un regidor ciudadano, que sin sueldo ni derecho a voz y voto se convierta en testigo y voz de la ciudadanía. Hubo compromisos y esperamos que se cumplan.

Este es el nuevo movimiento social que llegó para quedarse.