ay gremios muy desprestigiados, algunos durante cierta época, otros en forma casi permanente; el mío, el de los abogados, ha causado desconfianza desde hace siglos. Hay una imagen de San Ivo en Roma con una leyenda en latín que traducida al español dice: San Ivo, abogado pero no ladrón, cosa que admiraba al pueblo
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Los políticos, los médicos y los vendedores de autos no siempre inspiran confianza; si seguimos contando diría que casi ningún gremio saldría indemne de un escrutinio popular. Hay uno que se llevaría el campeonato en cuanto a desprestigio y daños dejados a su paso en las calles de la ciudad, es el de los llamados desarrolladores, cuya ocupación es construir edificios solos o formando conjuntos para vender los departamentos, despachos o viviendas.
Mi experiencia como abogado, político y habitante de la ciudad es negativa en cuanto a este grupo de personas, aun cuando reconozco que hay algunos bien intencionados y cumplidos al vender espacios a quienes los requieren en una urbe en proceso de expansión; sin embargo, parece que la mayoría deja mucho que desear.
Los desarrolladores son azote de los vecinos de calles, manzanas y zonas cercanas a donde ellos construyen; dañan inmuebles colindantes, entorpecen el tránsito, dejan una secuela de grietas, desniveles y humedades a su paso, alteran la vida de todo el vecindario. Para hacer negocios no tienen empacho en destruir áreas típicas de la ciudad, estén o no protegidas o clasificadas por autoridades que deben proteger estética e historia.
Los que adquieren los productos que ellos venden se enfrentan a una documentación unilateral elaborada por el vendedor y difícilmente saben con quien están tratando, una empresa o una persona es la dueña de la tierra, otra es la que construye, un banco el que otorga el crédito y otra es la encargada de vender el inmueble; si hay un problema jurídico derivado de incumplimiento o vicio oculto en el bien adquirido, el comprador no sabe con quién discutir o litigar.
En otros casos, la propaganda ofrece una cantidad de metros cuadrados dentro de la cual se incluyen balcones o terrazas, como si formarán parte del departamento; muchos se han especializado en departamentitos verdaderamente inhumanos por pequeños, con acabados diferentes a los ofrecidos en la muestra o con carencias en servicios básicos de electricidad, agua y drenaje. Cuando el ilusionado comprador empieza a darse cuenta de la realidad y paga con muchos esfuerzos es demasiado tarde, la empresa ya no existe y el banco, que prestó el dinero, cobra pero no responde de nada más.
Los vecinos de los barrios se quejan de que para las nuevas construcciones se talan árboles y desaparecen jardines, se acaba con las áreas verdes, no se toma en cuenta el impacto ambiental, se incrementa el tránsito, calles que fueron tranquilas se convierten en lugares peligrosos, falta el agua y zonas amplísimas se quedan sin lugares de estacionamiento.
¿Quién tiene la culpa? Desde luego quienes hacen negocios ventajosos con la necesidad de vivienda, pero también los inexpertos o confiados al firmar sin leer con cuidado los documentos y sin verificar que sea cierto lo que se les ofrece. Por supuesto, las autoridades, la Procuraduría del Consumidor, no revisa la documentación que firman los adquirentes y también quienes autorizan alegremente construcciones y permiten que la ciudad se desmantele en medio de grandes peligros por pura codicia e irresponsabilidad.
El caso de Santa Fe es ejemplar; a mediados del siglo pasado eran minas de arena de las que se beneficiaron funcionarios de aquel entonces. Después fueron tiraderos de basura y hace unos 20 años, aprovechando la estructura urbana que nos costó a todos, se convirtió en la mina de oro de los desarrolladores. Han hecho mucho dinero, pero se pasaron de la raya al construir sobre arenas movedizas que se deslizan con el viento o el agua; peor que trenes en que no coinciden ruedas con rieles.
