l uso del endeudamiento para gasto público es un tema lleno de precauciones. Para saber si es buena o mala estrategia, hay que saber para qué se pidió el dinero y cómo se piensa pagarlo. Es larga la experiencia de malos gobiernos que solicitan préstamos sin contar con una estrategia de pago. Amalia García, según datos de la Secretaría de Finanzas, dejó a Zacatecas con una deuda y compromisos con proveedores por alrededor de 2 mil 200 millones de pesos, un déficit operativo de mil 300 millones y obligaciones de largo plazo derivadas del proyecto de prestación de servicios de Ciudad Gobierno por 4 mil 600 millones. La actual administración planea dejar una deuda de casi 9 mil millones de pesos más intereses a un plazo de 15 años.

La visión tradicional del déficit fiscal plantea que la emisión de deuda pública estimula la demanda agregada y, por tanto, el crecimiento económico a corto plazo. Pero ¿qué ocurre si se usa el dinero del adeudo para sufragar gasto corriente? Sobre todo, con el agravante de que el gobierno que hace el gasto no es el que tendrá que pagar. Se invirtieron 3 mil 400 millones de pesos en el programa de seguridad –el cual no hizo crecer la economía ni resolvió el problema de inseguridad– y 2 mil millones en obras no prioritarias. Si eso se hubiera invertido en rubros donde Zacatecas tiene ventajas comparativas, otra cosa sería.

La experiencia es de sobra conocida: entre 1970 y 1976 la deuda pública del país alcanzó un monto cercano a 90 mil millones de dólares. Y a lo largo de la década de 1980 el crecimiento se detuvo y la crisis se hizo asfixiante. En la experiencia internacional reciente, la derecha de Grecia se dedicó a endeudar a ese país y ahora está en el fondo de un abismo del que la izquierda quiere sacarlo. Si el Ejecutivo no explica su proyecto o crea un proyecto que detone mejores niveles de bienestar, quedará en el imaginario colectivo que este gobierno desea hacer de Zacatecas una pequeña Grecia: alrededor de 30 por ciento de su presupuesto anual estará comprometido en deuda.