Presenta el caso a representante del Alto Comisionado de la ONU
Viernes 13 de noviembre de 2015, p. 42
Cuernavaca, Mor.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (Cdhem) consideró que la inhumación de 149 cadáveres en las fosas clandestinas
de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tetelcingo, Cuautla, es un crimen de lesa humanidad
, por lo que presentó el caso a un representante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.
Los gobiernos estatal y federal están obligados a abrir esas dos fosas, desenterrar los cadáveres, obtener muestras de ADN para identificarlos y entregarlos a sus familiares, aseguró la secretaria ejecutiva de la Cdhem, Fabiola Colín Bolaños.
Dijo que, además de buscar que la ONU atraiga el caso, se solicitará al Presidente que la Procuraduría General de la República haga lo propio, pues actualmente la FGE está a cargo de las investigaciones.
María Concepción Hernández, madre de Oliver Navarrete –enterrado en una de las fosas– ha señalado que su hijo fue secuestrado y su cadáver hallado en 2013. Después de que lo identificó, la FGE le solicitó dejarlo en el Servicio Médico Forense para realizar más estudios, pero en marzo de 2014 envió el cuerpo a Tetelcingo sin avisarle. Ocho meses después se enteró de que había sido sepultado.
La Cdhem aseguró que la FGE no tuvo el debido cuidado con el cuerpo y violó el protocolo legal al enviarlo a la fosas, y “lo mismo pudo haber hecho con otros cadáveres reclamados e identificados.
Los cuerpos están perdidos y sin identificar (dentro de las fosas), lo que daña no sólo sicológicamente sino también moralmente a los deudos; es una doble revictimización, tanto para quienes sufrieron el delito como para los familiares
, apuntó.
El titular de la FGE, Javier Pérez Durón, no descartó que se abran las dos fosas, aunque señaló que dependerá de que se revisen las carpetas de investigación.
En conferencia de prensa, aseguró: Vamos a hacer lo conducente jurídicamente. Nos apoyaremos en la comisión de víctimas. No es factible poner a disposición del público las carpetas de investigación debido a la obligación de secreto
.