Buenos Aires.

El fiscal general Pablo Ouviña, representante del Ministerio Público, pidió esta semana 25 años de prisión para los generales Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros en el juicio por los crímenes cometidos en la Operación Cóndor, coordinadora criminal de las dictaduras del cono sur en los años 70.

Después de tres meses de alegatos ante el primer tribunal oral federal, el fiscal Ouviña pidió además condenas para otros 18 militares que actuaron en esta operación que coordinó la represión ilegal en toda América Latina.

También solicitó 25 años de cárcel para el ex director de la escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y el ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza, considerados miembros de una asociación ilícita y culpables de privación de la libertad y crímenes de lesa humanidad.

La misma condena se pidió para el ex militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini, extraditado desde Brasil a pedido de la justicia argentina, acusado de participar en el secuestro de 11 personas, y para el ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Miguel Ángel Furci, por actos cometidos en el centro clandestino de secuestro y tortura conocido como Automotores Orletti, uno de los principales lugares de reclusión de víctimas de la Operación Cóndor. Contra Furci pesan 60 cargos por secuestro y 123 por tortura.

Ouviña pidió 22 años de prisión para el ex jefe de área Enrique Braulio Olea, y 16 años para otros ocho acusados, entre ellos el ex jefe del área 111 con sede en el batallón Depósito de Arsenales 601 (Quilmes), EduardoSamuel De Lío, y otros jefes de zona como el ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Antonio Vañek; el ex jefe del área 232 (Misiones) Carlos Humberto Caggiano Tedesco; el ex segundo jefe del Regimiento de Infantería Felipe Jorge Alespeiti; el ex jefe del subárea 1131 Néstor Horacio Falcón, y el ex director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo Luis Sadi Pepa.

Para el resto de los acusados se solicitaron condenas de diez años de prisión por asociación ilícita y otros crímenes.

El juicio estuvo a cargo de los jueces Adrián Grunberg, Óscar Amirante y Pablo Laufer. La querella presentó pruebas de la coordinación represiva en los 70, y con la fiscalía se acordó en un punto principal: que Cóndor existió, se desarrolló y entró en crisis con la caída de las dictaduras.

“Cóndor nace (en Chile) como una operación de inteligencia. Comparten información, personas y se realizan acciones conjuntas. Se desdibujaron las fronteras para propiciar un plan criminal”, señaló el fiscal Ouviña.

El fiscal sostuvo en sus alegatos que este es un proceso inabarcable por la cantidad de hechos y víctimas y Argentina dio el puntapié con el primer juicio. Esto recién comienza, hay un proceso actual en Roma y se esperan próximos juicios no sólo en nuestro país, sino en el resto de Sudamérica.

El pasado regresa

En la segunda vuelta para elegir presidente el próximo 22 de noviembre, abogados y familiares de los acusados por crímenes de lesa humanidad manifestaron sus esperanzas de que triunfe el candidato opositor de la derechista alianza Cambiemos, Mauricio Macri.

La Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia; que se opone a los juicios contra los responsables de los crímenes de la pasada dictadura militar, advirtió en su reunión anual: estamos ante la batalla final, y llamó a preparar el pedido para que la Suprema Corte, que cada día aparece más ligada a la oposición en sus decisiones, revierta la jurisprudencia sobre delitos de lesa humanidad.

El periodista Diego Martínez, de Página 12, señala que un grupo de estos abogados, reunidos en el hotel Lafayette, se referían con frases como vientos de cambio y ráfagas de optimismo a un eventual triunfo de Macri, actual dirigente de la ultraderechista Propuesta Republicana, que encabeza la alianza opositora Cambiemos.

Esta asociación nació en 2009 con el objetivo de conseguir una amnistía general a represores y seis años después no pierde la esperanza de revertir el proceso de justicia, señala Martínez.