a Coordinadora Nacional de Tra-bajadores de la Educación (CNTE) afirmó ayer estar lista para impedir la evaluación docente prevista en la reforma educativa, pese a la decisión del gobierno de convertir en búnkers las sedes donde se prevé realizar ese ejercicio, el próximo sábado. Al respecto, el secretario general de la sección 18, José Ortega Madrigal, dijo que no habrá condiciones en los estados donde está consolidada la organización magisterial disidente, y que la CNTE está dispuesta a correr los riesgos, aun si el destino de los líderes es la cárcel.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, indicó que en las entidades más conflictivas se realizarán operativos policiacos para garantizar el derecho a la evaluación, e informó que los detalles de estas acciones se abordaron en una reunión con el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, y los gobernadores de Michoacán, Oaxaca y Chiapas, así como el secretario de Educación de Guerrero.

Semejante circunstancia da cuenta de una escalada alarmante en el conflicto originado por la reforma educativa. En efecto, en los meses siguientes a la aprobación de esa modificación legislativa, que entre otras cosas condiciona la permanencia de los docentes en sus cargos a una evaluación, las muestras de descontento magisterial y la respuesta de las autoridades han ido creciendo en inflexibilidad y encono, al grado de que una pugna originalmente relacionada con cuestiones laborales y de administración educativa hoy introduce perspectivas de ingobernabilidad en diversas entidades del país.

Las posturas irreductibles de ambas partes resultan desesperanzadoras para las perspectivas de solución al conflicto; los amagos del magisterio crítico y de las autoridades alimentan la perspectiva indeseable de escalar hacia un incendio social que, a fin de cuentas, podría evitarse si las facciones en pugna se aprestaran a entablar un diálogo en el que imperaran la flexibilidad y la apertura.

Hoy resulta innegable que la reforma educativa impulsada por el gobierno federal en el marco del Pacto por México –y aprobada en un procedimiento legislativo cuestionable y hermético para la sociedad y los maestros en particular– requiere de una renegociación en la que intervengan todos los actores involucrados. Dicho proceso, por desgracia, no será posible en la medida en que prevalezcan la crispación y el amago constante de intensificar el conflicto.

Es necesario, ante el riesgo de que los factores de tensión lleguen a un punto de no retorno, que las autoridades federales y el magisterio aglutinado en la CNTE actúen con contención y mesura, y se dispongan a entablar un diálogo que requerirá, necesariamente, de flexibilidad y voluntad política en las posturas de ambas partes. La sociedad en general, por su parte, debe demandarles prudencia, capacidad reflexiva y disposición a los acuerdos.