La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) del 16 de noviembre de 2009, conocida como Campo algodonero, constituye un antes y un después en el ámbito de la justicia en nuestro país, ya que por primera vez México fue condenado por violar los derechos a la vida, integridad y libertad personal de mujeres con nombre y apellido, que derivó en la obligación de incluir la perspectiva de género en las investigaciones de casos similares, en los que éstas son víctimas de discriminación y violencia.

Señaló lo anterior el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, al inaugurar el primer Encuentro Internacional Juzgando con Perspectiva de Género, donde destacó que estamos a unos días de que se cumplan seis años de la sentencia en la que el gobierno mexicano fue señalado por la muerte de las jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Trato discriminatorio legitimado

Ante ministros y ministras de la Suprema Corte, consejeros y consejeras de la Judicatura Federal y magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) –llamó la atención que María del Carmen Alanís no estuviera en el acto, realizado en el hotel María Isabel Sheraton en la ciudad de México–, Aguilar Morales señaló que la mujer ha sido relegada en la historia como sujeto de derecho, incluso se ha legitimado el trato discriminatorio hacia ella.

En este contexto, subrayó, la perspectiva de género busca que los impartidores de justicia hagan realidad el principio constitucional de igualdad.

No exagero la responsabilidad de juzgadores de colocar a personas y derechos en el eje de impartición de justicia a través de sentencia, que es una fuerza transformadora que debe ser utilizada a favor de quienes han sido relegados, como es el caso de las mujeres que siguen todavía en un proceso inacabado de combate a la desigualdad, por razones de sexo, edad, origen, etnia, condición social y económica, expresó el ministro.

Protesta de integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio frente a la Secretaría de GobernaciónFoto Guillermo Sologuren

El magistrado presidente de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, señaló que es importante reflexionar en los retos que afrontan los poderes judiciales en la región.

El tema va más allá de reconocer los derechos de las mujeres, dijo: se trata de crear las condiciones materiales para impedir que sigan siendo vulnerados, ya que en la mayoría de los casos se carece de investigación, sanción y reparación efectiva, y la impundad en estas violaciones tiene un fuerte impacto social.

Se trata de barreras insuperables que afrontan las víctimas al intentar acceder a los mecanismos judiciales de protección, enfatizó.

Por su parte, la ministra Margarita Luna Ramos dijo que la constante generalizada es que, sin importar el cúmulo de leyes, la práctica cotidiana es de violencia doméstica y trato discriminatorio hacia la mujer, en particular en lo que se refiere a oportunidades de trabajo, ya sea por tipos de empleo o acceso a niveles superiores.

Juzgar con perspectiva de género, explicó, no implica dar la razón a la mujer por el solo hecho de serlo, sino juzgar reconociendo la existencia de prejuicios, estereotipos, el impacto diferenciado que puede generar una norma y determinar la solución que mejor garantice el derecho a la igualdad. Reconocer a la persona sus derechos y tutelarlos de manera adecuada, enfatizó.

Con motivo de la participación de varios ministros en diversas actividades de este seminario y de otro relacionado con la transparencia informativa en el Poder Judicial de la Federación, el pleno de la Suprema Corte no sesionó ayer. Tampoco lo hará el lunes; reanudará su trabajo hasta el próximo martes.