ran inquietud y confusión se han generado entre los trabajadores el tema pensionario. Las provoca, por un lado, la anunciada reforma al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste), por el otro, la propuesta de José Ángel Gurría, privilegiado por su jubilación en la banca de desarrollo, quien desde hace años representa a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la cual sugiere reducir derechos a la llamada generación de transición, en el caso del IMSS, por haber ingresado antes de 1997 y en el Issste, a los que optaron por el conocido artículo décimo transitorio, que esperan jubilarse por el sistema anterior.

Favorece a este ambiente de zozobra, la falta de credibilidad de las declaraciones del gobierno, de los legisladores sometidos a sus consignas y de los líderes sindicales oficialistas. Se recuerda bien que cuando se inició el sistema de cuentas individuales o Afore, tanto en el IMSS como en el Issste, todos ellos se condujeron con falsedad, al prometer mejores pensiones y engañar a los trabajadores en decisiones equivocadas que, hoy se confirma, les generarán daños irreversibles. En el caso del Issste, fueron los sindicatos democráticos y los especialistas independientes, entre otros, los que advirtieron que optar por el sistema de cuentas individuales era el peor camino, ya que sólo recibirán en el mejor de lo casos la cuarta parte de sus salarios.

La angustia generada por tantos engaños y por la ausencia de información verídica ha propiciado que muchos trabajadores opten por acelerar su jubilación, como medida desesperada para no perder sus derechos. Estas decisiones suelen ser erróneas, ya que si bien en el caso del Pensionissste se trata de un proceso de privatización, ello no significa que por ahora, se vayan a suprimir los derechos pensionarios; por otro lado, jubilarse sin planeación, genera daños al trabajador y sus familias.

Recordemos que Pensionissste fue creado en 2007 con motivo de la reforma al régimen de seguridad social de los servidores públicos, fue diseñado como una institución de interés social. En ese tiempo se esgrimieron toda clase de argumentos para convencernos de sus bondades y se presentó como un fondo totalmente distinto a las Afore; hoy, la iniciativa presidencial califica esos atributos como defectos, pretendiendo transformarlo y someterlo a las reglas de las administradoras privadas de las cuales se quiso distinguir.

Como han destacado Araceli Damián y Mariana Trejo, diputadas de Morena en la legislatura federal, en un voto particular sustentado en estadísticas y datos comprobados, se trata de una reforma que modifica sustancialmente la naturaleza misma de Pensionissste. En primer lugar, busca eliminar las responsabilidades del Estado en diversos aspectos, entre otros, en el caso de minusvalías o pérdidas en las cuentas individuales; en efecto, se abandona la protección, pero se mantiene el férreo control de los fondos de los y las trabajadoras para que sean aprovechados por el propio gobierno y el sector privado.

Las comisiones que se pagan para el manejo de los fondos subirán, ya que se suprime la regla vigente de no exceder el promedio de lo que cobran las Afore privadas; por ello son las de menor costo en el mercado y aun así, sus resultados son del más alto rendimiento, resulta por lo tanto inexplicable este ímpetu transformador. Analizada en conjunto la iniciativa, se exhibe claramente que responde a las exigencias del sector privado que tiene apetito por esos recursos, que ha reclamado que Pensionissste le hace competencia desleal porque ha generado mejores resultados, menores costos y canaliza sus inversiones en renglones productivos y no en lo que los grandes grupos financieros pretenden.

Uno de los aspectos más indignantes es que estamos hablando de dinero propiedad de los trabajadores, quienes deberían decidir su destino, no sólo para garantizar mejores pensiones, sino para que esos recursos –como sucede en otras partes del mundo– se aplicaran en renglones en su beneficio; por ejemplo, préstamos con intereses razonables, proyectos productivos para la población retirada o desarrollos inmobiliarios al que tuviesen acceso los jubilados o sus familias. El problema es que los dueños del dinero son un cero a la izquierda y el gobierno y el sector privado deciden como si ellos lo fueran. Por ello no es exagerado cuando se afirma que se trata de un auténtico despojo.

En Pensionissste existe una representación obrera, tan falta de legitimidad como las que hay en los sindicatos oficialistas o en órganos tripartitos. Se trata de simples canonjías para gozar de altos ingresos y hacer negocios. Su desfachatez ha llegado al grado de que han aceptado la reforma sin chistar, limitando su exigencia a que se les den más lugares en el consejo de administración, proponiendo suprimir los reservados a los consejeros independientes quienes daban opiniones profesionales y técnicas y que en muchas ocasiones impidieron decisiones equivocadas. Ahora exigen que esos lugares sean para ellos y aparentemente el gobierno federal ya aceptó tan absurdo reclamo, claro, a cambio de la sumisión.

Por lo que se refiere al plan de choque pensionario propuesto por Gurría, no se ha presentado aún como iniciativa de ley, veremos si el gobierno se atreve a intentarlo, a pesar de la creciente desaprobación popular a su gestión. Ya nos ha dado malas noticias recientemente al cancelar las promesas asumidas durante la campaña presidencial sobre el seguro de desempleo y la pensión universal, que quedaron fuera del presupuesto. Otra más, como lo pretende la OCDE de Gurría, generaría una inconformidad de pronóstico reservado.

Mientras, Gustavo Labastida, dirigente del Sindicato de Bata-Sandak cumple injustamente tres meses de cárcel en el Cereso de Apizaquito, Tlaxcala.