Cancún, QR.

La defensa jurídica de 113 niños que ganaron una suspensión definitiva contra las obras en el malecón Tajamar –que devastaron 31 hectáreas de mangle y otra decena de especies protegidas–, interpuso un recurso de revisión contra la fianza de 21 millones de pesos que fijó el cuarto juez de distrito como garantía para resarcir los daños en ese predio.

Raymundo Gil Rendón, abogado de los menores, explicó que el juez de distrito en Cancún, Miguel Nahim Nicolás Jiménez, siguió un tradicional criterio mercantilista al fijar la fianza como garantía para salvaguardar los intereses de los terceros involucrados (los empresarios) en el litigio.

Dijo que para los menores es muy difícil conseguir dicho monto, pues además viola el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el recurso de revisión turnado al tribunal de circuito, cuestionó que a los menores se les exigiera esa cantidad cuando ellos no tienen ingresos.

Los niños carecen de los recursos para pagar la fianza, el Estado debe proteger y garantizar su crecimiento, por lo que el fallo que concede la suspensión de las obras en el malecón Tajamar, hace inefectivo el amparo, añadió el jurista.

Gil Rendón confió en lograr la cancelación definitiva del proyecto, pues el fallo del juez, independientemente de la aberrante fianza que fijó a los niños, causarían daños irreparables al ambiente y al derecho de los menores a un ambiente sano.

En las próximas 24 horas, el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo deberá informar si da entrada al recurso de revisión, lo que revertiría la fianza para seguir adelante con el juicio.

En tanto, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, promotor del megaproyecto valuado en más de 500 millones de dólares, solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ampliar la manifestación de impacto ambiental para el terreno, pues la actual tiene vigencia hasta febrero de 2016.

Fonatur financió el megaproyecto en Tajamar entre 2005 y 2008 con más de 350 millones de pesos para urbanizar e introducir servicios, y los amparos promovidos en septiembre paralizan 23 proyectos de construcciones inmobiliarias.