Actualmente siete de cada 10 indígenas viven en condición de pobreza y una tercera parte en pobreza extrema. Tal realidad contrasta con el monto creciente de recursos que la autoridad federal destina cada año a resolver el tema.

De 2002 a 2016 el gasto público para resolver las enormes carencias de más de 11 millones de mexicanos indígenas pasó de 15 mil 180 millones de pesos a 85 mil millones de pesos. De ese volumen de recursos, el gobierno sólo ha destinado 8.8 por ciento al desarrollo económico y empleo de los pueblos originarios.

La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México considera que los programas federales para resolver la dramática situación de este sector no cuentan con metodología para cuantificar e identificar a dicha población y apenas tienen procedimientos para verificar si sus beneficiarios pertenecen a este grupo.

Jaime Martínez Veloz, titular de ese organismo, adujo que en las décadas recientes la población indígena en México ha enfrentado grandes obstáculos para ver garantizado el ejercicio pleno de sus derechos, lo que se ha traducido en elevada desigualdad económica y social, crecientes brechas en niveles de bienestar respecto de la población no indígena y exclusión de los procesos políticos y democráticos del país.

En el informe La pobreza en la población indígena en México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de acuerdo con los resultados obtenidos en sus estudios entre 2012 y 2014, señala que se ampliaron las brechas de pobreza y, particularmente, de pobreza extrema entre la población indígena y no indígena.

El porcentaje de población originaria en pobreza pasó de 72.3 a 73.2 por ciento. Esta última cifra representa 8.7 millones de personas (500 mil más que en 2012). Y la proporción de indígenas en pobreza extrema pasó de 30.6 a 31.8 por ciento, es decir, 3.8 millones (300 mil más que en 2012).

En cuanto a carencias sociales, la población indígena experimenta el mayor rezago en acceso a seguridad social (79.4 por ciento), a servicios básicos en vivienda (61 por ciento) y a alimentación (38.8 por ciento).

La prevalencia de bajos niveles de ingresos es dramática, pues 76.1 por ciento de indígenas tiene un ingreso por debajo de la línea de bienestar económico y 43.9 por ciento por debajo de la línea de bienestar extrema, equivalente al valor de la canasta básica alimentaria.

El 14 de agosto de 2001 se concretó la segunda reforma constitucional para reconocer los derechos de las comunidades indígenas de México. La parte fundamental de tal modificación –asociada al presupuesto– se subraya en el artículo segundo, en cuyo apartado B se mandatan responsabilidades específicas para que las instituciones del Estado diseñen y pongan en marcha una política integral y transversal de atención a la población indígena, a fin de garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo de sus pueblos y comunidades.

De tal forma, desde 2002 se incluyó en el proyecto de gasto un capítulo específico de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.

Una vez definidas las vertientes y clasificados los programas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se observa que la mayor parte del mismo en el periodo 2008-2015 se destinó a infraestructura con programas de construcción de caminos y desarrollo de telecomunicaciones (por alrededor de 176 mil millones de pesos) y bienestar social en programas de transferencias monetarias y en especie destinadas a combatir la pobreza o garantizar un ingreso mínimo (por alrededor de 157 mil millones de pesos), respectivamente.

Los programas de ambas vertientes concentraron 66.8 por ciento, con 35.4 y 31.5, en cada caso enumerado, de los recursos totales destinados al desarrollo de pueblos y comunidades indígenas. Por lo contrario, sólo se destina 8.8 por ciento a promoción de la economía y el empleo.