Ante las fallas en el cumplimiento de programas que se consideran prioritarios para mejorar la seguridad, el gobierno federal pospuso para diciembre la entrega de recursos a las autoridades municipales y estatales.

En el escenario del cambio no sólo se valora el respaldo a los objetivos nacionales (mando único, entre otros), sino también la necesidad de tener claro en qué se invierten los 50 mil millones de pesos (que desde 2012 se les han transferido), y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado irregularidades.

En días pasados ha habido mensajes directos de que la Federación quiere mayores garantías de que los gobiernos estatales y municipales canalizarán los fondos a las prioridades en la materia. Entre éstas se incluyen rubros como certificación policial, creación del mando único, nuevo sistema de justicia penal, capacitación y fortalecimiento del sistema penitenciario.

En la revisión de estos fondos la ASF ha detectado: transferencias injustificadas hacia otras cuentas, presumible daño o perjuicio a la hacienda pública por manejos irregulares, carencia de mecanismos de control del dinero que garantice su utilización en los fines estratégicos para los que fue destinado, uso no autorizado para pago de nóminas u otros objetivos no incluidos y omisiones de funcionarios en la vigilancia de las partidas y cumplimiento de metas.

Lo anterior es el saldo de las auditorías practicadas al uso de estos fondos. Este ajuste en el flujo de recursos podría ser el inicio de un viraje en la política federal para tener mayor control de los millonarios fondos que canaliza a estados y municipios, los cuales carecen de mecanismos que vinculen las partidas presupuestales, el destino de los recursos y el cumplimiento de metas en seguridad pública.

La Federación otorga a estados y municipios partidas extraordinarias a través de los Fondos de Aportaciones a la Seguridad Pública (Fasp) y de Subsidio a los Municipios (Subsemun) en materia de seguridad.

Aunque formalmente su entrega está asociada al cumplimiento de diversas variables previas (ejercicio del gasto, reducción de la incidencia delictiva, profesionalización de corporaciones, entre otras), en la realidad los controles están desfasados y existen inconsistencias entre las partidas ejercidas y las metas alcanzadas, según ha documentado la ASF.

A modo de ejemplo, una de las revisiones realizadas por la ASF reveló que en recursos ejercidos de las últimas dos cuentas públicas (2012-2013) hay más de mil 230 millones de pesos de recursos de ambos fondos de los que dos y tres años después no se tiene certeza de su destino.

A ello debe sumarse el recurrente subejercicio de esos fondos por los gobiernos estatales y municipales, sea por falta de seguimiento en su gasto, por los procedimientos burocráticos o bien por las entregas tardías.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que alrededor de 46 por ciento de los recursos que se debían entregar entre julio y septiembre a más de 200 municipios para tareas y programas de seguridad se encuentran retenidos por la Secretaría de Hacienda, hasta que haya mayor claridad y compromiso en la aplicación de los más de 4 mil 800 millones de pesos que les serían repartidos durante este año tan sólo por el Subsemun.

Las fuentes consultadas refirieron que la retención de las partidas se debe a la falta de cumplimiento de los compromisos contraídos en los mecanismos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y a que el gobierno federal buscará esquemas que le permitan supervisar su manejo adecuado y la aplicación cierta del dinero en programas que disminuyan la incidencia delictiva, aumenten los espacios seguros y generen corporaciones policiacas confiables.

Los entrevistados refirieron que el gobierno federal exigirá que los recursos que se entregan para el Fasp y el Subsemun se depositen en fideicomisos con más control, a través de los cuales se certifique el cumplimiento de metas. De aplicarse ese mecanismo se retornaría al anterior esquema de 1998, cuando se creó este apoyo a los gobiernos estatales para seguridad pública.

El modelo actual data de 2001, cuando se creó la Secretaría de Seguridad Pública federal, a través de la cual los representantes estatales consideraron que el manejo de los recursos era poco transparente y exigieron –y así se aprobó– que estas ministraciones no fueran etiquetadas sino entregadas directamente a las secretarías de finanzas de los gobiernos locales y desde allí se cumpliera con las metas pactadas.

Efectos de la insuficiencia de controles

Del reporte sobre el gasto del Fasp en los estados se desprende que existen comportamientos irregulares en el manejo del dinero, entre ellos acentuados subejercicios. Por ejemplo, Chihuahua ejerció en 2013 sólo 118.3 millones de pesos de los 266 millones que le fueron asignados, con especial rezago en rubros prioritarios en la estrategia nacional.

La Auditoría Superior señala que el gasto ejercido al 31 de diciembre fue de sólo 31 por ciento y en agosto 2014 llegó a 44.5, lo que está en consonancia con el porcentaje de metas alcanzadas, esto es, 7.3 por ciento.

En ese año, a Baja California le fueron asignados 306 millones de pesos. A diciembre de ese año la entidad gastó sólo 197 millones –alrededor de 65 por ciento– y en agosto 2014 (fecha del último reporte de la ASF) había cerrado con 237 millones, poco menos de 80 por ciento.

Algunos estudios sobre el uso del Fasp señalan que las partidas se dan en ministraciones mensuales entre los meses enero-octubre, y no pueden comenzar a ejercerse sin acuerdo del secretariado ejecutivo del SNSP, lo que alentaría el subejercicio. En consecuencia, debe superarse esta variable para no reducir los fondos del siguiente año, pues se obliga a gastar mal y a violar las reglas de operación del fondo, y los recursos son más vulnerables a la corrupción.

Aunado a ello, en las diferentes auditorías al gasto de estos fondos la ASF advierte que no hubo control adecuado para asegurar el cumplimiento de las metas en los programas ejecutivos con prioridad nacional,

Asimismo, considera que no existen acciones de control para supervisar el ejercicio de las obras, hay ausencia de vigilancia en los procesos de adquisiciones, se ejercieron recursos en programas no prioritarios y hubo carencia de mecanismos de seguimiento para verificar las metas programadas.

También resalta inconsistencia en el seguimiento a la información de los reportes trimestrales que se deben remitir a Hacienda, insuficientes mecanismos de vigilancia a los bienes adquiridos con estos fondos y apertura indebida de cuentas adonde se trasladaron esas partidas.

Paradójicamente, este embrollo administrativo en la operación del gasto federalizado en materia de seguridad tiene otra cuña: la detección de las responsabilidades de funcionarios públicos y la investigación de los daños. Según la ASF, habría elementos para investigar, según las auditorías practicadas, y ello corresponde a las contralorías de los gobiernos de los estados.