a formalizada intención es, por sí misma, una ofensa. Denota y delata ánimos facciosos extremos, que abiertamente faltan al respeto a la sociedad y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Cierto es que, en términos simplemente jurídicos, el abogado Alejandro Jaime Gómez Sánchez parece cumplir con los requerimientos constitucionales para ser propuesto por Los Pinos en la terna varonil de la que el Senado elegirá a un nuevo ministro de la SCJN (también hubo terna femenil, en muy progre concesión a las cuotas de género, para ocupar otro asiento judicial).

Pero ese personaje, hasta ahora virtualmente desconocido en el plano político nacional, no tiene mayor mérito para estar encaminado al máximo sitial de la justicia mexicana que la pertenencia a los equipos políticos del estado de México, siempre en posiciones supeditadas a los jefes priístas en turno, actualmente procurador de Justicia de la citada entidad, que pareciera ser la única productora de cuadros adecuados para brincar del plano local al nacional, en un auténtico asalto regional, prolongado, desequilibrado, y muchas veces falto de méritos, a las nóminas federales. Legiones de paisanaje, presuntamente fiel y agradecido, trasladadas a la administración pública federal y a cargos de gran poder sólo por provenir de caprichos con oficinas centrales en Los Pinos y taquillas para registro de leva en Toluca y Atlacomulco.

El procurador mexiquense Gómez Sánchez tiene, además, un estigma que debería haber impedido su postulación, aunque probablemente abonó en sentido contrario y, en función de dicho sello infamante, se pretende premiarlo: fue encubridor de la ejecución de civiles en Tlatlaya, donde el 30 de junio de 2014 quedaron 22 cadáveres luego de la acometida de militares que en un principio fueron dejados a salvo de cualquier acusación, con la ayuda institucional de personajes como el mencionado aspirante a ministro de la Corte (obviamente, por instrucciones de su jefe inmediato, el gobernador Eruviel Ávila, quien a su vez recibe instrucciones de… más arriba).

La matanza de esos civiles (señalados como miembros del crimen organizado) fue inicialmente considerada por las autoridades estatales investigadoras ajena a cualquier exceso de las fuerzas armadas. El escenario de los crímenes fue alterado, las evidencias se perdieron y en una primera versión se habló de un enfrentamiento que ultimó a todos los civiles (excepto tres personas, dos de ellas mujeres, que luego dieron testimonio clave de los hechos). La difusión periodística de fotografías y testimonios que demostraban los abatimientos intencionales llevó a replanteamientos de fondo e incluso al castigo de unos cuantos de los militares involucrados en esos asesinatos a sangre fría de civiles ya rendidos.

Ya antes ha hecho Enrique Peña Nieto que se elija a un ministro de la Corte cuyo historial carece de referencias en cuanto a carrera judicial, experto más bien en obedecer órdenes de los jefes políticos, Eduardo Medina Mora. Y pretendió imponer al primo de su consejero jurídico como ministro, simulando Raúl Cervantes Andrade un receso académico para que su condición de senador priísta no le pesara a la hora de la postulación, que finalmente no se dio. Las dos ternas finales que ha presentado EPN tienen a tres personajes que mueven a polémica por sus antecedentes, pero de ellos el más escandaloso es el caso del procurador mexiquense Gómez Sánchez que, de llegar a la Corte gracias a los arreglos mercantiles entre partidos, sería el Ministro Tlatlaya.

El próximo 28, en Tijuana, Baja California, se constituirá el Sindicato Nacional Independiente y Democrático de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas del Valle de San Quintín (Snidjaa), el cual se considera la representación legítima del movimiento iniciado el 17 de marzo de este año con protestas masivas que mostraron al mundo la existencia de un mundo laboral de opresión, maltrato y casi esclavitud en terrenos privilegiados donde se produce la variedad de frutos que en inglés son denominados berries (en una paleta de colores que va del rojo al negro azulado).

En el Snidjaa se agrupa la inmensa mayoría de los trabajadores agrícolas que han luchado desde marzo por mejorar sus condiciones de vida y trabajo, además de la gran mayoría de los coordinadores generales y el dirigente más conocido, Fidel Sánchez. Dicho de otra manera: el motor y la base del auténtico movimiento de los jornaleros de San Quintín radican en esta agrupación.

Sin embargo, dos semanas atrás, de manera sorpresiva, en el Distrito Federal se anunció un charrazo a cargo de Miguel Ángel Mancera, quien junto con algunos perredistas que habían atendido el problema de San Quintín, como legisladores y dirigentes partidistas, fabricaron el Sindicato Nacional de Jornaleros Agrícolas y Similares (Sinaja), presuntamente representativo de los mencionados jornaleros y de chinamperos de Xochimilco (el secretario general es Enrique Alatorre, empleado del ayuntamiento de Ensenada y dirigente allá de la Confederación Obrera Revolucionaria, aliada al PRI). Para dar a conocer el registro de este sindicato estuvieron el propio Mancera y la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal. La creación de este sindicato a larga distancia es una maniobra del perredismo chucho y un presunto fortalecimiento de las aspiraciones presidenciales del divisorio Mancera. El esquirolazo servirá para que el gobierno federal trate de negar registro al verdadero sindicato de lucha, el Snidjaa.

Y, mientras el dirigente del Partido Encuentro Social, el diputado federal Eric Flores, aprovecha en la tribuna de San Lázaro el momento de angustia mundial para impulsar la vuelta de la religiosidad al centro de la actividad política mexicana, proclamando que fue muy mala idea sacar a Dios de la vida pública de nuestro país, y demandando: ¡Queremos líderes políticos temerosos de Dios! y ¡Sí queremos que haya un lugar para Dios en la vida pública de nuestro país! (cría pastores diputados y te sacarán a Juárez), ¡hasta mañana!

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