Crticado desde el origen de su compra debido a un proceso tortuoso –sobreprecio, opacidad en su adquisición y la sospecha de que mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del gobierno de Felipe Calderón incurrieron en irregularidades– el nuevo avión presidencial, que costó más de 6 mil 547 millones de pesos, arribará a México el próximo 18 de diciembre a su nuevo hogar, un hangar que fue remodelado por casi mil millones de pesos.

Hecha pública la adquisición del avión, que recibirá la matrícula TP-01 del Estado Mayor Presidencial, su costo –exagerado para muchos– fue cuestionado e incluso, hace unos meses, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que su gobierno analizaría la posibilidad de vender el aparato, adquirido con un crédito de Banobras a pagar a 15 años, debido a la polémica del proceso.

El Boeing 787-8 que pasó de un costo inicial de 6 mil 308 millones de pesos y que terminó en 6 mil 547 millones (de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014) sustituirá al Boeing 757 que ingresó al servicio del Presidente de la República en 1988, el cual está cerca de cumplir 30 años de servicio, antigüedad que según expertos es suficiente para considerar que la vida útil del aparato, por razones de seguridad, está por terminar.

Las irregularidades sobre la compra del avión en que viajará Peña fueron difundidas en el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 donde se señaló que: La adquisición de la aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor fue decidida por mandos de la Sedena –en aquel entonces encabezada por Guillermo Galván Galván– sin contar con los elementos técnicos y económicos suficientes que acrediten la elección de la aeronave que sirvieran de base para evaluar el proyecto de inversión.

Así, el informe emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Sedena iniciara un procedimiento administrativo contra quien resulte responsable, cuyos resultados se desconocen públicamente.

El documento señala que inicialmente la Sedena seleccionó tres aeronaves: Airbus A330-200 y los Boeing 767-200 y B-787-9; aunque finalmente se adquirió el Boeing 787-8, sin acreditar la selección final. Además, el reporte cuestionó que el estudio de la Sedena fue sobre el B-787-9 y no sobre el B-787-8 que se compró. Los mandos castrenses y las autoridades involucradas tampoco proporcionaron las cotizaciones de las empresas que analizaron el costo-eficiencia, como tampoco informaron sobre la cuantificación y valoración del costo beneficio del avión seleccionado.

El nuevo avión presidencial hizo una visita relámpago a la Base Aérea de Santa Lucía el pasado 9 de octubre. Estuvo sólo unas horas y regresó a Texas, Estados Unidos, para continuar con la adecuación interna y el equipamiento necesario para el transporte presidencial.

Ambos aviones, el actual TP-01 y el que lo sustituirá, fueron adquiridos por presidentes (Miguel de la Madrid y Felipe Calderón, respectivamente) que dejaron el cargo antes de que las aeronaves entraran en operación.