nstalado en el continuismo en lo general, el rector Luis Enrique Graue pretende darse como distintivo un delicado proyecto de seguridad pública para la UNAM. Cierto es que las nuevas autoridades de tal comunidad deben esmerarse en protegerla, a la luz del crecimiento delictivo nacional e incluso internacional, y que la autonomía no debe entenderse como impunidad (esta idea fue especialmente promovida en medios por Graue, a partir de su discurso inaugural). Pero el sucesor de José Narro deberá tener gran cuidado en que tal embate no se convierta en una coartada para ir contra movimientos críticos y grupos de izquierda conformados por universitarios.

De particular importancia será el no actuar contra el activismo legítimo bajo pretexto de ir contra ciertas distorsionadas expresiones, incluso infiltradas y provocadoras, que han sido insertas en el campus de la UNAM. La obsesión por recuperar el auditorio llamado Che Guevara y devolverle su nombre original (y así demostrar que Graue tiene fuerza y capacidad) no debe ser el argumento a conveniencia para una limpia política y un reforzamiento de la visión policiaca y represiva en la máxima casa de estudios que sigue siendo uno de los principales puntos de resistencia contra las políticas dañinas al país, en estos años las peñistas. En el contexto político actual, con un gobierno federal deseoso de acallar voces y cerrar cauces, debe cuidarse que no tenga interpretaciones forzadas y ejecuciones desbordadas lo dicho por Graue en el sentido de que disentir es un privilegio de la razón y de la inteligencia, pero hacerlo con violencia e intolerancia es inaceptable.

En alguna celda del Centro Federal de Readaptación Social número 12, de Ocampo, Guanajuato, procesado desde enero de este año como presunto responsable de actos de delincuencia organizada, José Ricardo Gallardo Cardona recibió ayer como regalo de cumpleaños la noticia de que su nombre fue impuesto, por empuje del perredismo estatal que su familia sigue controlando, a una de las principales avenidas del municipio que había presidido, el de Soledad de Graciano Sánchez, en el estado de San Luis Potosí, hasta que en enero de este año policías federales lo aprehendieron luego de ser señalado por los dirigentes nacionales de su propio partido, el de la Revolución Democrática, como una especie de Abarca potosino.

Gallardo Cardona, de 35 años de edad, apodado El Pollo, fue la primera y única víctima del protocolo de legalidad y ética que el PRD nacional puso en práctica en enero con la presunta intención de impedir que llegaran al poder grupos y personajes bajo sospecha de hacer política en contubernio con el crimen organizado. Cuatro días antes de que lo trasladaran en avión oficial a las oficinas de la PGR en la ciudad de México, el mencionado perredista había pedido licencia al cargo de presidente municipal para buscar la candidatura a la gubernatura del estado. Carlos Navarrete y otros dirigentes nacionales habían solicitado antes que la PGR indagara las insistentes versiones adversas a Gallardo Cardona, con la intención de salvarse de otra pifia como la cometida en Iguala con José Luis Abarca. Al detenido le encontraron riqueza inexplicable, negocios de los que era accionista y hacia los que se desviaban recursos del municipio que presidía y otros indicios que permitieron sujetarlo a proceso y enviarlo a un penal federal de Hermosillo, Sonora, de donde luego lo cambiaron al de Ocampo.

El santiguamiento de la dirigencia nacional perredista ante la probabilidad de repetir el fenómeno Abarca sólo quedó en hipocresía circunstancial. Al mismo grupo de los Gallardo le mantuvieron el control del comité estatal del PRD: el padre (del mismo nombre) fue candidato a presidente de la capital potosina (ya antes había sido presidente de Soledad de Graciano Sánchez, sucedido por su hijo ahora encarcelado) y, con una política electoral fundamentada en una amplia disposición de dinero, hoy tiene las presidencias de la capital, del municipio conurbado (Soledad) y del cercano Mexquitic de Carmona, además de diputaciones locales y federales.

Nicolás Mollinedo (@mollynico, en Twitter) volvió ayer al Zócalo capitalino. Tuvo a la vista una concentración, pero no de manifestantes, sino de camiones recolectores de basura que entregaría a jefes delegacionales el gobernante capitalino, Miguel Ángel Mancera. Nico (así es conocido) fue muy mencionado en medios por el alto sueldo que recibía como mucho más que chofer cuando acompañaba en un famoso Tsuru a Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno; luego fue durante muchos años el acompañante casi permanente del tabasqueño en sus giras por el país, y responsable de la logística en mítines en el zócalo. Terminó distante de AMLO, como Polimnia Romana, también organizadora y asistente, quien después fue asambleísta por el PRD y candidata a delegada por el PRI-Verde. Ayer, Nico volvió al zócalo, como director de recolección de tratamiento de residuos sólidos de la delegación Cuauhtémoc, acompañando a su ahora jefe, Ricardo Monreal, quien apareció junto a Mancera en un lance en busca de reforzar entendimientos prácticos que no son bien vistos en las alturas morenas.

Y, mientras el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, aspirante a ser candidato presidencial panista, regalaba a su nombre boletos para la reinauguración del estadio de futbol Cuauhtémoc, ahora denominado Multiva, con un partido entre el equipo local y el Boca Juniors (estadio, por cierto, remodelado de tan desatinada manera que ya se le llama El chiquihuite azul, por la forma de cesto tejido al que, con descaro partidista, se pintó de blanco y azul), ¡hasta mañana, con Merethe Nergaard, embajadora de Noruega en México, dando testimonio de lo que muchos inversionistas extranjeros han conocido al entrar en tratos con políticos mexicanos de increíble descaro a la hora de los moches y porcentajes: deben tener cero tolerancia para la corrupción, porque hay mucha corrupción en todos los niveles, en todos lados. Deben ser muy cuidadosos!

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