ientras ocurrían los lamentables atentados en París, en Turquía se reunían por décima vez los jefes de Estado del G-20. En esta ocasión, como era de esperarse, entre los acuerdos alcanzados está cortar los ingresos financieros y restringir la libertad de movimiento de los extremistas
. Se trata de una decisión que pudiera ser relevante en la lucha contra la irracionalidad terrorista y que, de lograrse, ilustraría la capacidad de respuesta política y económica de este importante grupo de países. Dos acuerdos de importancia fueron el reconocimiento de que el crecimiento que ha experimentado la economía global en los últimos meses está por debajo de las expectativas y que la desigualdad de los flujos de ingreso en los distintos países puede constituir un riesgo para la cohesión social.
Reconocer que el crecimiento está por debajo de las expectativas y que es necesario elevarlo por lo menos dos puntos porcentuales hasta 2018, implica aceptar que las políticas económicas que se han instrumentado y que, por cierto, contradijeron acuerdos del propio G-20 en la tercera reunión en Pittsburg, han fallado lamentablemente en sus propósitos estabilizadores y, mucho más, en sus beneficios para el crecimiento. Aquella idea de que la disciplina presupuestal, la austeridad, generaba crecimiento ha sido desmentida con absoluta contundencia. Por ello se requiere que las políticas económicas nacionales se propongan expresamente crecer a tasas mayores a las actuales.
El otro acuerdo es crucial. La desigualdad es la marca de los tiempos neoliberales. La constatación empírica está abundantemente realizada. En los últimos 30 años en todos los países en los que se llevaron a cabo las reformas orientadas al mercado, esto es, las modificaciones que eliminaron la participación estatal en la asignación de los recursos productivos de un país, sustituyéndola por decisiones de empresas privadas, se revirtieron los procesos redistributivos que desarrollaban los estados nacionales y que mejoraron los niveles de bienestar social. Consecuentemente se concentró la distribución del ingreso nacional en las cupulas nacionales: el uno por ciento más rico y más aún en el 0.1 por ciento super rico.
Esta desenfrenada desigualdad fue afrontada por movilizaciones sociales en Estados Unidos, en España y en otros países, que fueron abastecidas por análisis económicos que documentaron la gravedad de la situación. Se generó, en consecuencia, una especie de consenso social en el sentido de que era urgente actuar para revertir la desigualdad. El planteo de Stiglitz de que la desigualdad es una decisión política y no un hecho económico permitió que en los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS), aprobados en septiembre por Naciones Unidas, se incorporara el combate a la desigualdad en cada uno de los países firmantes. Para lograrlo se estableció una meta numérica: que los ingresos del 40 por ciento más pobre de cada país crezcan por encima del ingreso promedio nacional, de modo que si así ocurriera para 2030 la distribución del ingreso habrá mejorado sensiblemente.
El acuerdo del G-20 insiste en la necesidad de actuar. Aunque el asunto es planteado en términos menos precisos, lo cierto es que se reconoce la pertinencia de que los gobiernos de cada uno de los países tome las medidas que considere necesarias para detener la concentración y de esa manera mejorar la cohesión social. El gobierno mexicano ha firmado los ODS y ahora el acuerdo del G-20, pero no se han derivado acciones de esas firmas. No sería la primera vez que el gobierno incumple acuerdos firmados con ese grupo. En su primera reunión en Washington, en noviembre de 2008, y en la segunda reunión en Londres an abril de 2009 el G-20 se planteó acciones coordinadas para detener la recesión consistentes en programas fiscales que apoyaran la recuperación económica. El gobierno federal era encabezado por Calderón, que diseñó planes diversos para afrontar el impacto recesivo que afectaba el comportamiento de los países emergentes, los que quedaron en el papel. En consecuencia nuestra economía se colapsó ese 2009, registrando una caída del orden de seis puntos porcentuales, la mayor en América Latina.
El gobierno de Peña Nieto ha aceptado en los más importantes foros que agrupan a gobiernos nacionales que es necesario actuar para revertir la desigualdad del ingreso. Dispone de información que, pese a que subestima el ingreso de los más ricos y sobreestima el de los más pobres, da cuenta de que en nuestro país hay una situación de extrema concentración. Está obligado a diseñar y poner en marcha acciones que conduzcan a que los sectores más pobres de la población aumenten consistentemente sus ingresos a un ritmo que debe ser superior al del promedio nacional. Sin acciones específicas la desigualdad del ingreso pemanecerá, como ha sido ya demostrado. De esta manera, el gobierno de Peña Nieto en este tema de la lucha contra la desigualdad, como en todos los asuntos relevantes, habla mucho pero en realidad no hace nada.
