Diversas organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas y defensores de derechos humanos expresaron su indignación por la pérdida de tiempo valioso para iniciar de manera decidida los trabajos de la ley general contra la desaparición forzada.

Además, criticaron la ‘‘drástica reducción’’ presupuestaria que tendrá la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que en 2016 ejercerá 28.1 millones de pesos, 34 por ciento menos de los 40.2 millones autorizados hace dos años.

De esta forma, con la tardanza para la elaboración de la ley y la reducción presupuestaria, el Congreso y el titular del Ejecutivo federal evidencian un ‘‘notorio desinterés’’ por los familiares de las víctimas y por esta problemática creciente que vive el país.

‘‘Esto muestra que el gobierno continúa sin reconocer la magnitud de las desapariciones en México y pretende actuar con clara falta de compromiso y responsabilidad para priorizar esta problemática nacional que se agrava día con día’’, expresaron.

En conferencia de prensa, representantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, que aglutina 37 colectivos y organizaciones de todo el país, exhortaron al presidente Enrique Peña Nieto a enviar de manera urgente su iniciativa, y al Senado a discutirla con la participación y aportaciones de los familiares de las víctimas, pues hasta el momento no hay ningún proceso de consulta a la sociedad e interesados.

Martín Villalobos, vocero del movimiento, insistió en la premura que debe existir para aprobar dicha ley, pues el plazo constitucional de 180 días que faculta al Congreso para legislar en esta materia vence el próximo 6 de enero.

Pidió que esta ley contenga la obligatoriedad de dotarla del presupuesto  suficiente para implementarla con los recursos humanos, materiales y técnicos que subsanen el déficit actual de personal ministerial, policial y pericial indispensable para la integración eficaz de los expedientes en las diferentes instancias de investigación y búsqueda de los desaparecidos en México.

Estos recursos también son indispensables para que personal de esta fiscalía procese la identificación de los miles de cuerpos sin nombre hallados en fosas comunes y clandestinas del país.

En nombre del movimiento dijo que para toda la sociedad, y especialmente para los familiares de personas desaparecidas, es primordial contar con una legislación que garantice mecanismos de búsqueda eficaces para encontrar a los seres queridos y asegure la investigación efectiva que permita sancionar a los responsables.

Entre las organizaciones que integran el movimiento están: Familiares en Búsqueda María Herrera; Fundar (Centro de Análisis e Investigación); Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); I(dh)eas (Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC); Los Otros Desaparecidos de Iguala; Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de Piedras Negras, en Coahuila.