La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que la Secretaría de la Función Pública iniciará procedimientos administrativos contra funcionarios de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Quintana Roo que participaron en irregularidades en procedimientos relacionados con el proyecto Dragon Mart.

En un comunicado explicó que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Semarnat encontró elementos que presumen la existencia de irregularidades cometidas por Guy Adrián Piña Herrera y Samuel Jared Barrio Valladares, ex delegado federal y ex subdelegado jurídico, respectivamente.

Estos ex funcionarios participaron en las resoluciones administrativas en materia de impacto ambiental y forestal en favor del proyecto Dragon Mart Cancún, el cual fue clausurado. La Profepa presentó en febrero una denuncia ante el OIC de la Semarnat por posibles irregularidades administrativas .

Explicó que tras las diligencias el OIC informó a la Profepa que se encontraron elementos que permiten presumir la existencia de irregularidades. Ante ello se procedió a turnar al área de responsabilidades del OIC la denuncia referida para dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario correspondiente.

La Profepa exhortó a los titulares del gobierno de Quintana Roo y del municipio de Benito Juárez para no desistir en la acción de la aplicación de la ley y hacer lo correspondiente en el esclarecimiento de los indebidos permisos otorgados a escala estatal y federal a dicho proyecto.

Entre las irregularidades están que el predio El Tucán, donde se levantaba el proyecto, no fue catalogado como de vocación forestal, por lo cual requería un permiso federal, sino que entró como un predio de materiales, por lo que el permiso ambiental quedó en el ámbito local.

La Profepa también pidió a los gobiernos estatal y municipal revisar exhaustivamente todas las autorizaciones otorgadas al proyecto Dragon Mart Cancún a fin de constatar su legalidad y deslindar las responsabilidades legales correspondientes.

El organismo promovió ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dos juicios de lesividad para obtener la nulidad de las respectivas actuaciones.