l efecto colateral más evidente de las reformas del gobierno federal en Veracruz, además del desmantelamiento de la infraestructura petrolera, el desempleo y la apertura al capital privado de alto potencial de generación de energía hidroeléctrica, es la agitación y la inquietud en que vive el gremio magisterial.

Con una de las plantillas laborales más importantes del país –alrededor de 10 por ciento del total nacional–, dos secciones afines al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y varios sindicatos locales, desde que se dio a conocer la reforma legislativa, al inicio de la gestión de Peña Nieto, los profesores veracruzanos protagonizaron algunas de las mayores movilizaciones masivas de tiempos recientes.

Sin liderazgos evidentes y con una estructura de convocatoria horizontal surgida al margen de siglas, en Orizaba, Veracruz y otras ciudades miles salieron a las calles a protestar por los alcances de la reforma laboral-educativa; en Xalapa, en octubre de 2013, hubo concentraciones hasta de 50 mil mentores.

Vino luego un impasse en el que se desarticuló esa novedosa organización que puso en entredicho a los líderes formales de la sección 56 del SNTE, y particularmente a la mayoritaria, la 32, con una efectiva capacidad de coptación o represión según el caso. La incertidumbre menguó y la inmensa mayoría de los más de 115 mil profesores veracruzanos aceptaron la evaluación con todas sus consecuencias laborales.

Nada más habría pasado de no ser por la represión que el pasado fin de semana ejecutaron granaderos y policías vestidos de civil no sólo contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, opositores a la evaluación, sino que hicieron tabla rasa con profesores que voluntariamente acudieron a las sedes de evaluación en Veracruz y Xalapa. Fueron golpeados también varios periodistas y hasta transeúntes.

Esa acción punitiva sólo agregó pólvora a un fuego que amenaza con salir de control.