La protección de mujeres que sufren violencia en México es incierta, sobre todo para los casos extremos, cuando la vida de las víctimas está en peligro; su única alternativa está en los 72 refugios distribuidos en el país, 33 de los cuales están a cargo de organizaciones civiles. Al año reciben a 2 mil mujeres, cada una con dos o tres hijos, quienes sólo de esta manera logran alejarse del agresor y salvar su vida.

Sin embargo, el funcionamiento de esas casas de seguridad depende de que cada año ganen los concursos que organiza el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dependiente de la Secretaría de Salud (Ssa), aunque anualmente ha ido bajando su presupuesto. En 2014 estuvieron disponibles 350 millones de pesos, y para 2016 el Presupuesto de Egresos de la Federación planteaba asignar sólo 236 millones, cuando en 2015 la Ssa dispuso de 250 millones. Esto refleja el escaso interés del gobierno en el tema, afirmó Cecilia Toledo, investigadora del área de vinculación y gestión del conocimiento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Un estudio sobre el tema dio cuenta de la fragilidad de los refugios, la falta de certeza sobre su continuidad y que ninguna instancia de gobierno es responsable de su operación.

La Ssa distribuye la mayor parte del dinero, pero no se ha hecho cargo del diseño de la norma oficial mexicana (NOM) sobre el funcionamiento de los refugios, señaló Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.

Tampoco acepta esta responsabilidad el Instituto Nacional de las Mujeres, que también tiene a su cargo una veintena de albergues en el país. El organismo cuenta con un presupuesto que entrega a organizaciones civiles que trabajen en temas de igualdad de género, entre ellas los refugios.

Una tercera fuente de financiamiento es el Instituto Nacional de Desarrollo Social, por medio del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, comentó Cecilia Toledo.

Por eso, el diagnóstico de Fundar advierte que la operación a largo plazo de las casas es frágil, porque dependen de los concursos. Cada una tiene capacidad para recibir a siete familias a la vez, durante tres meses. En ese lapso les proporcionan atención médica y sicológica, asesoría jurídica y talleres que habilitan a las madres para ser independientes y poder romper el círculo de la violencia.

Sobre el presupuesto que se asignará al Centro de Equidad de Género el próximo año, Wendy Figueroa comentó que los diputados ofrecieron aumentar el monto, pero se confirmará hasta que el presupuesto se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Aunque sea por concurso, que haya dinero. Para funcionar en condiciones óptimas, dijo, cada refugio requiere de cinco a siete millones de pesos al año. Lo siguiente será formalizar el financiamiento mediante un reglamento o NOM que termine con la incertidumbre financiera, porque un año te dan 100 y al siguiente 50, para realizar las mismas funciones. Además, bajo el actual esquema no se consideran todas las necesidades de las casas como los trabajos de mantenimiento y la compra de vehículos, entre otros, indicó la activista.