uejose el hombre más famoso de México (porque ahora todos, en todo momento y en todas partes hablan de él) que como parte de la reforma energética del gobierno peñanietista, aprobada por el Congreso, se decidió que las empresas particulares que extraigan petróleo, nacionales o extranjeras, pagarán un impuesto de 6 mil pesos mensuales por kilómetro cuadrado (equivalente a 100 hectáreas), de tal suerte que no sólo se van a llevar 65 por ciento del petróleo que extraigan como ganancia, sino que no pagarán realmente impuestos.

En la nota publicada ayer por La Jornada se destaca que el famoso Andrés Manuel López Obrador precisó que en cinco campos petroleros que acaban de entregar en Tabasco, de 98 kilómetros cuadrados, los usufructuarios pagarán 7 millones 600 mil pesos al año, aunado a que los gobiernos municipales y del estado renuncian a cobrar cualquier tipo de contribuciones a dichas empresas. Paga más de impuesto un agricultor, un ganadero; paga más de impuesto un pequeño comerciante que lo que van a pagar las empresas extranjeras que se van a llevar el petróleo.

Así se hacen los negocios en la modernidad, responderán en la gerencia de Los Pinos, aunque en los hechos lo que denuncia el famoso constituye otro de los grandes atracos a la nación para favorecer al capital, que se suma a tantos otros cometidos a lo largo de 33 años de gobierno neoliberal (uno solo, con seis caretas distintas).

Todo indica que para el negocio (privado) petrolero se tomó como base otro despojo descomunal a la nación, que es el de las concesiones mineras –acaparadas por los barones mexicanos marca Forbes y, fundamentalmente, por las trasnacionales canadienses–, por las que se pagan derechos aún menores de lo que el gobierno cobrará, si en realidad lo hace, a quienes obtengan modernizadas tajadas petroleras.

El gobierno mexicano es de los pocos en el mundo que no obtienen un centavo por regalías sobre explotación minera y que, con el apoyo del Congreso cobra, por decirlo así, derechos verdaderamente ridículos por las jugosas concesiones y asignaciones en este sector.

El citado famoso denuncia que por cada kilómetro cuadrado que obtengan, las petroleras privadas pagarían 6 mil pesos mensuales, lo cual es irrisorio dado el tamaño del jugoso negocio entregado. Pero en el caso de la minería resulta aún peor, pues por cada kilómetro cuadrado el barón beneficiado pagaría mil 182 pesos anuales por derechos en el primer bienio de vigencia de la concesión.

Dicho monto se incrementaría a mil 766 pesos anuales en el segundo bienio de la concesión, y treparía a 3 mil 652 pesos en el tercero, a 7 mil 346 pesos en el cuarto y a 14 mil 688 pesos en el quinto. A partir del décimo año de la concesión, ya con el multimillonario negocio a todo lo que da, el pago de derechos aumentaría a 25 mil 848 pesos por hectárea concesionada. Ello, frente a un negocio de minería extractiva que en México representa entre 200 mil y 220 mil millones de pesos anuales.

Esos son los precios propuestos por el inquilino de Los Pinos y autorizados por el Congreso para el ejercicio 2016, los cuales no sufrieron modificación alguna (ni siquiera por efectos inflacionarios) con respecto a los vigentes en 2015. De hecho, los levantadedos de San Lázaro y de Paseo de la Reforma ni siquiera consideraron el asunto a la hora de analizar el paquete económico para el próximo año.

Lo anterior, a pesar de que uno de los grandes pendientes dentro del cacareado Pacto por México es el relativo a transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable y ordenar que los beneficios que la industria minera genera deben incluir a los habitantes de las zonas en donde ésta se establece.

Para concretar lo anterior, acordaron los abajo firmantes del citado pacto (compromiso número 61), se expedirá una nueva Ley para la Explotación Minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión. Se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector.

En pomposo acto ceremonial de arranque del sexenio, los abajo firmantes a eso se comprometieron, pero, como es notorio, no sólo procedieron en estricto sentido contrario, sino que las bondades para quienes explotan la minería se hicieron extensivas a los agraciados por la modernización petrolera, algunos de los cuales, dicho sea de paso son, a la vez, beneficiarios de la minería, como en los casos de Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Bailleres, el de la corcholata del Senado.

Como era de esperar, los municipios y las comunidades que supuestamente se beneficiarían con una nueva ley, a la que ni siquiera le han puesto fecha, una vez más se quedaron con las ganas, y no recibirán un solo centavo. Y así se quedarán, porque los nuevos dueños del oro negro no les compartirán ni la sonrisa.

Pero la denuncia del famoso se quedó corta, porque no sólo son los raquíticos 6 mil pesos por kilómetro cuadrado, sino el asunto de siempre: el fiscal. Para dar una idea, recuérdese lo recientemente publicado por La Jornada (Israel Rodríguez):

“El régimen fiscal aplicado a los contratos de explotación petrolera otorga a las empresas particulares una recuperación de costos hasta de cinco veces más de la permitida a Pemex, lo que implica un tratamiento desigual a la empresa productiva del Estado que le origina pérdidas recurrentes… El régimen fiscal aplicado a Pemex es muy oneroso y poco equitativo. Para 2016 el límite de deducción para Pemex apenas es de 11.075 por ciento del valor de la producción, pero si se considera el precio promedio de 50 dólares por barril, con que se construyó el mismo paquete económico, Pemex sólo podría deducir 5.54 dólares por barril producido. En cambio, los contratistas (capital privado) podrían recuperar costos hasta por 30 dólares por barril, conforme con las bases de licitación de los contratos”.

Y, como esos, miles de ejemplos que documentan cómo la modernización arma jugosos negocios privados a costillas de los bienes nacionales.

Las rebanadas del pastel

De siempre se ha sabido que el color verde del partido verde no es de vida, sino de putrefacción.

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