e han multiplicado las voces en contra del negocio inmobiliario al que llaman Corredor Chapultepec, en la ciudad de México. Opiniones de especialistas, renuncias de miembros de su consejo consultivo y un creciente activismo cívico han hecho que sea visto con recelo el proyecto original, presuntamente cultural y presentado como una especie de bendición urbana. La vocación por los negocios particulares, mediante fórmulas ingeniosas que acaban beneficiando a empresas amigas de los poderosos en turno, ha llevado a crisis en el Distrito Federal como la de la línea 12 del Metro, cuyos pliegues y entretelones oscuros permitieron al actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, deshacerse políticamente del antecesor incómodo (para él y, sobre todo, para Los Pinos), Marcelo Ebrard.

Cierto es que, a fin de cuentas, entre revuelos retóricos, campañas de exterminio mediático del adversario y festival de datos técnicos manejables a conveniencia del suministrador, todo parece quedar en ajustes de cuentas en las alturas, con algunos personajes en la cárcel, sin relevancia central. Las averiguaciones previas hasta ahora son manejadas de tal manera que, por ejemplo, es imposible saber si Ebrard fue un pillo redomado o un rival político eliminado por instrucciones superiores. La dimensión del problema enunciado, el daño a un segmento citadino privado de golpe de estaciones de metro que le habían pintado como de primer mundo, las evidencias de decisiones del anterior gobierno capitalino que habrían causado grave daño económico a la ciudad de México y la presunta corrupción criminal que habría causado el cierre de una parte de esa línea 12 no han sido suficientes para llevar a prisión a nadie proporcionalmente equivalente al daño causado y tan cantado. Todo pareciera quedar simplemente en reyertas políticas con cargo a la ciudadanía: reyertas manejables, negociables, circunstanciales.

Ante todo ello, valdría preguntarse si la actual administración no está sembrando, con el proyecto del llamado Shopultepec, las condiciones para futuras indagaciones y revelaciones que generen escándalos inhabilitadores de aspiraciones presidenciales. Lo que hasta ahora se ha conocido respecto a ese negocio (impulsado por el ala mercantil de la administración mancerista, cada vez más influyente, y expresamente decidida a crear condiciones de lucro para aliados que en el futuro electoral tendrán oportunidad de mostrar agradecimiento sin registro formal), ha llevado a la organización de una consulta oficial desde ahora tachada de parcial y manipulada, al mismo tiempo que se convoca a manifestaciones cívicas de protesta, una de ellas el próximo 5.

No son pocas las expresiones de inconformidad que enfrenta el jefe de Gobier- no que ha mostrado una opción preferencial por el entendimiento con las clases pudientes y con el gobier- no federal priísta. En la misma ceremonia en la que anunciaba la reapertura de la línea del Metro que Ebrard denominó dorada, tres fo- toperiodistas subieron al sitio donde Mancera pronuncia ba su discurso y mostraron imágenes de tres de las personas asesinadas meses atrás en la colonia Narvarte (http://goo.gl/CPbY5c ), reivindicando la exigencia de que haya justicia en ese caso que las autoridades pretenden refundir en la cotidianidad de la nota roja sin implicaciones políticas directas. Los reporteros gráficos recordaron en especial el caso de Rubén Espinosa, miembro del gremio de las cámaras, quien ese mismo día de la protesta habría cumplido 32 años. La tercia de periodistas en protesta puso de manifiesto que las versiones oficiales no son asumidas ni remotamente como definitivas y confiables, sino todo lo contrario, en un ejercicio de memoria, y de exigencia de justicia, como el que realizan tantos mexicanos a lo largo del país.

Hossein Nabor Guillén quedó como triunfador de la elección extraordinaria de Tixtla, municipio guerrerense donde no se pudieron realizar los comicios ordinarios en junio pasado por actos violentos expresamente dirigidos a impedir la realización de las votaciones del caso. Perredista, miembro de Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), identificada con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, Nabor Guillén fue postulado por segunda ocasión a la presidencia municipal y, según el primer reporte del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), obtuvo 5 mil 900 sufragios en su favor, contra casi 4 mil 800 del priísta Saúl Nava Astudillo.

La victoria del perredismo aguirrista (entre policías comunitarios asesinados y múltiples maniobras electorales fraudulentas) ha permitido postular mediáticamente que el sol azteca y, en el fondo, el sistema político tradicional (pues fue una candidatura compartida con PAN y PT), ganaron en el municipio donde está asentada la normal rural de Ayotzinapa, como si la dimensión de las protestas sociales relacionadas con esta escuela y sus desaparecidos dependieran de los resultados de procesos electorales de los que la gran mayoría activista se ha mantenido distante, aunque en esta ocasión hubo un precario acuerdo electoral en- tre Morena y dirigentes de organizaciones cívicas de izquierda para postular a una candidata, Miguelina Ramos, miembro de la Asamblea Popular de Tixtla, la cual, según los mismos datos del PREP, habría quedado en tercer lugar, muy distante de los dos punteros, con 687 votos a su favor.

Y, mientras, el PRI se alista a ejecutar este viernes la primera suerte develatoria de candidatos a gobernador durante la administración beltronista, con Durango como pieza experimental de presuntos pactos de unidad entre aspirantes que se someterían sin divisiones a la decisión del dedo de Los Pinos, pero ¿quién?, ¿el médico Esteban Villegas, presidente municipal de la capital, o la senadora Leticia Herrera (vetada por el gobernador Jorge Herrera, de otros Herreras), de apellido que tanto implica y significa en aquella tierra dominada por el priísmo y por negocios alternos? ¿Y el ex priísta, ahora senador panista, José Rosas Aispuro, acabará beneficiándose de los pleitos de tres colores? ¡Hasta mañana!

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