a gestión del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, está rebasando los límites de lo imaginable. En el afán de aplicar la llamada reforma educativa en su versión de una evaluación, dispone de miles de integrantes de la Policía Federal para intentar contener la protesta magisterial. Es inaudito observar en la página web de la SEP la amplia difusión gráfica de sus reuniones con el aún gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, para revisar las estrategias de seguridad en ese estado para el próximo fin de semana, a fin de garantizar la aplicación de la evaluación del desempeño magisterial. En la oficina del titular de la SEP, definieron los operativos en las sedes en las que se aplicarán los instrumentos de evaluación, así como las acciones de acompañamiento para que los maestros puedan acceder a las mismas (Comunicado 396).

No creo que en esos recintos se hayan realizado reuniones semejantes y si lo hizo algún secretario de Educación, no lo exhibió con ese despliegue. Por lo que una se pregunta: para sus evidentes aspiraciones en 2018, ¿le interesaba a Nuño ocupar la Secretaría de Gobernación? Si en la primera etapa del peñanietismo se observó una activa intervención de esa secretaría en diálogos y acuerdos políticos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) –que por cierto no se cumplían– sin la participación del entonces titular de SEP, ahora el rol se ha transmutado y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, mantiene sus reuniones semanales en la SEP. También ha incursionado el titular de la SEP en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para garantizar el éxito de su expedición punitiva, con anuencia de Peña Nieto, en cuya presencia se pactó en Morelos la regionalización de México. Lo cierto es que en ningún país que se precie de respetar los derechos humanos, como pregona el nuestro, esa línea de trato hacia el magisterio es aceptable. Siguiendo la línea de lo inimaginable, la semana pasada en Michoacán un centenar de maestros fueron trasladados en cinco helicópteros de las fuerzas federales y acompañados por elementos de fuerzas especiales de la corporación para garantizar su participación en la evaluación docente, puesto que por vía terrestre las autoridades mantuvieron resguardadas las carreteras por la caravana que convocó la CNTE ( El Universal, 22/11/15)

Da la impresión de que el verdadero objetivo de la evaluación punitiva es desmantelar a la CNTE, pues una y otra vez se insiste en señalar que los maestros que no se hayan presentado a la evaluación del desempeño por presiones de la disidencia magisterial podrán evaluarse en fechas extraordinarias, si se acercan y exponen su caso a las autoridades educativas; pero quienes se nieguen a presentar los exámenes sí serán separados del servicio. Asimismo se afirma que quienes rechazan la reforma educativa son una minoría, la cual se resiste a los cambios que deberán superar, porque los privilegios de las cúpulas sindicales mantenían secuestradas a las escuelas y niños. Si son una minoría, ¿para qué tal despliegue policial? La excelente crónica de Arturo Cano ( La Jornada, 29/11/15) confronta la danza triunfalista de cifras de los comunicados oficiales respecto del número de docentes que han acudido en Oaxaca al llamado perentorio y amenazador.

Lo cierto es que toda esta operación y despliegue en nombre de la ley sigue olvidando lo elemental, que es el nuevo modelo educativo para enfrentar la crisis que nadie niega, pero sí se rechaza que se coloque al magisterio como el villano favorito. El modelo hoy está enunciado en siete “prioridades sin contenido explícito que, según el titular de la SEP, permitirán romper las barreras que han impedido que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad: primero, el fortalecimiento de la escuela; segundo, mayor inversión en infraestructura, equipamiento y materiales educativos; tercero, el desarrollo profesional docente; cuarto, la revisión de los planes y programas de estudio; quinto, la equidad y la inclusión; sexto, la vinculación entre la educación y el mercado laboral, y séptimo, la transformación administrativa tanto de la secretaría como del sector educativo. ¿En ese orden? ¿A cuál de ellas se vincula despedir maestros? También se anuncia que en febrero de 2016 se presentará un nuevo plan de formación de maestros ¿con base en cuál diálogo y participación? O ¿de verdad se cree que no hay conocimientos y experiencia acumulada al respecto? Por otra parte, Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior de la SEP, precisó al INEE (oficio 500.1, del 5/11/ 2015) que su documento Directrices para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica no es vinculatorio para todo el país, como pretendieron” ( La Jornada, Gilly/Ordorika y Laura Poy 25 y 26/11/2015), pues se refiere a competencias de la SEP. Como vemos, en la SEP cuidan sus facultades, pero invaden las ajenas.