La Comisión Nacional del Agua (Conagua) sostuvo que la iniciativa de Ley General de Aguas, desechada en la pasada legislatura, no tenía por objetivo privatizar el recurso, y señaló que incluso el texto vigente ya prevé la concesión del servicio.

No puede haber ley que privatice el agua. El artículo 27 de la Constitución reconoce que las aguas son propiedad de la nación y es evidente que cualquier legislación que pretenda privatizarlas resultaría inconstitucional, dijo el subdirector jurídico de la dependencia, Alejandro Medina Mora.

En el foro El agua, nuestro último recurso, efectuado en la Cámara de Diputados, el funcionario sostuvo que se requiere un nuevo marco para hacer frente a la sobrexplotación de 105 de los 653 acuíferos nacionales. La legislación actual no ayuda a hacer frente a este fenómeno, señaló.

Sin embargo, el diputado Rodrigo Abdalá (Morena), integrante de la Comisión de Agua Potable de la cámara, recordó que en una reunión con el titular de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, éste dijo a los diputados que había que rescatar ese proyecto, que se conoció como ley Korenfeld. Hasta el momento, insistió el legislador, no hay otro instrumento del gobierno federal que se conozca para discutir una ley en la materia.

El jurídico de Conagua planteó que cualquier legislación sobre el agua debe mantener la esencia del artículo 27 constitucional, y señaló que los municipios están obligados a prestar el servicio, pero ya se prevé que puedan concesionar algunas áreas del mismo. En el Distrito Federal el cobro, la medición y algunos otros temas los presta un privado y de ninguna manera eso es privatizar el agua, afirmó.

Insistió en que debe discutirse una ley moderna, de vanguardia, que garantice el derecho humano al agua, que considere no sólo un nuevo régimen de concesiones, sino de cuotas naturales de renovación. El agua de acceso fácil no es una realidad, debemos ser más conscientes del tema, expuso.

Por su parte, el hidrogeólogo Joel Carrillo, investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, planteó a los legisladores que en la discusión sobre el derecho humano al agua no se especifica a qué tipo de líquido se refieren, porque 97 por ciento del recurso disponible es subterráneo. Seguiremos con los problemas: desaparición de manantiales, lagos que se secan y hundimiento, porque se evita conocer que existe relación entre el agua subterránea y los demás componentes del ambiente, dijo.

Asimismo, el sacerdote Juan Carlos Zesati Ibargüengoitia, de la pastoral campesina de la diócesis de Celaya, insistió en que la sobrexplotación de los mantos para uso industrial y agropecuario ha envenenado el agua en las comunidades. Los daños ambientales se traducen en daño a las familias, a las que no podemos fallar. La gente está muriendo por beber agua contaminada, expresó.