El plan para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construya las dos nuevas torres del Instituto Nacional Electoral (INE) se tambalea, debido a diversas observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), algunas relacionadas con que el Ejército subcontrató más de lo permitido en una obra.

El titular de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, Bogart Montiel, explicó que si se deciden por la Sedena, deberá garantizar que se hará cargo de al menos 51 por ciento del total de la construcción, no como ocurrió en una obra para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde se rebasó ese porcentaje.

A principios de marzo, la ASF hizo una serie de observaciones al CJF por la construcción del edificio del Poder Judicial de la Federación en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a cargo de la Sedena.

El dictamen sugiere a la Cámara de Diputados revisar la actuación de la Sedena como contratista de otros entes de la Administración Pública Federal en detrimento de sus funciones sustantivas establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Además, señala que el Consejo de la Judicatura Federal no obtuvo las mejores condiciones disponibles de mercado. Esto, porque el importe contratado fue de 630 millones 340 mil pesos, mientras el presupuesto base era de 550 millones 206 mil.

Otra anomalía fue que no se exigió al Ejército la comprobación oportuna de los recursos otorgados y le reconoció en dichas estimaciones volúmenes mayores que los ejecutados.

Por estas observaciones, la Contraloría del INE planteó revisar la participación de la Sedena, debido a que está observada como contratista.

Aunque Montiel se inclina en favor de esta alternativa: “la disciplina marcial ha demostrado que el apego a los programas de ejecución de obra es muy bueno. La obra pública en México ha dado espacio a mucha crítica, y lo digo con todas sus letras: espacio a corrupciones.

La realidad es que la primera observación que ha aparecido es esta última. También creo que una golondrina no hace verano. Si se generan los incentivos y mecanismos de transparencia pertinentes, probablemente sea más valioso contar con el apoyo de la Sedena.

Pero dejó claro que el Ejército deberá apegarse al reglamento del INE en la materia, inspirado casi en su totalidad en la ley federal de obra pública. Dicha norma señala que el instituto determinará las partes que podrán subcontratarse.

Cuando pensaron en esta opción, dijo que buscaban evitar historias de empresas que dejan la obra a la mitad tras quedarse descapitalizadas, y que llevan a largos litigios. En el caso del Ejército, el fideicomiso de infraestructura se maneja con Banjército, lo que evita la descapitalización, según Montiel.

Esta práctica de contratar a la Sedena comenzó en 2012, cuando el Servicio de Administración Tributaria le encargó obras de los recintos fiscales, por un monto de 2 mil 247 millones de pesos, y en 2013 y 2014 el CJF firmó 24 convenios por otros 2 mil 500 millones de pesos para la edificación de 34 inmuebles en el territorio nacional.