La renuncia de Arturo Escobar a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SG) es un primer paso para revertir la captura del Estado mexicano por intereses particulares, los cuales tienen en el Partido Verde Ecologista de México uno de sus espacios más representativos, consideraron organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, advirtieron que la salida del funcionario no garantiza una mejora en ese despacho.

En conferencia de prensa, Clara Jusidman, de Incide Social; Carlos Cruz, de Cauce Ciudadano; Alfredo de la Peña, de México Unido contra la Delincuencia, y Laura Martínez, de la Asociación para el Ddesarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), entre otros, pidieron que la SG reconsidere el reciente nombramiento de Ruth Zavaleta, quien desde septiembre es directora general de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Preocupa su posible funcionamiento como operadora política del Partido Verde, con miras a la búsqueda de votos para el siguiente proceso electoral en los municipios donde opera el Programa Nacional de Prevención del Delito.

Asimismo, cuestionaron el de Eduardo Vázquez Rossainz, director general de Planeación Estratégica para la Prevención Social, cargo que ocupa desde octubre, pues argumentaron que carece de experiencia en las áreas que les asignaron: Tiene formación enfocada en los temas de inteligencia, seguridad nacional y mitigación de riesgos. Dada su formación en programas de estrategias y políticas de defensa, terrorismo y contrainsurgencia, preocupa la posible utilización de las acciones de prevención para detectar a potenciales delincuentes dentro de los polígonos de actuación del Pronapred, señalaron.

Los colectivos, agrupados en la Coalición Ciudadana, consideraron que quien ocupe el cargo que dejó Escobar debe ser experto dedicado a la prevención social, y tener cercanía con las personas que han sido víctimas de violencia: que tenga conocimiento teórico y técnico sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como de las organizaciones de la sociedad civil. Experiencia en el servicio público, con capacidad de interlocución con otras instituciones y ámbitos del gobierno, ética pública, compromiso con la transparencia y alto estándar anticorrupción.

Asimismo, reconocieron el trabajo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la actuación del fiscal Santiago Nieto, para quien exigieron la protección de su integridad.

Requerimos una estrategia de largo plazo que permita que programas, acciones e intervenciones de prevención social en el territorio permanezcan el tiempo necesario para revertir daños estructurales y que muestren resultados, además de que se garantice que los recursos destinados para la prevención no sean objeto de desvíos para beneficios políticos o personales.