Organizaciones sociales, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, demandaron en el Senado modificar el dictamen de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, toda vez que elimina para perseguir ese delito el requisito de tener la autorización judicial para el registro de comunicaciones y la geolocalización de celulares en tiempo real.

Las organizaciones civiles también destacaron que ese dictamen, ya aprobado en comisiones, elimina el requisito de la autorización judicial federal para tener acceso al registro de comunicaciones –el repositorio– que conserva de forma masiva e indiscriminada todos los mandatos de las comunicaciones de todos los usuarios del país, hasta por dos años.

Con ello, indicaron las organizaciones civiles, se abre la puerta sin control a que cualquier Ministerio Público pueda abrir una averiguación previa y hacer uso indebido de esas medidas de vigilancia.

Insisten en que no es necesario prescindir del requisito de la autorización judicial en las investigaciones de secuestro para que éstas sean llevadas en forma eficiente y expedita. Las organizaciones civiles refieren que en otros países existen mecanismos probados en los que las autoridades, en casos de emergencia, pueden obtener la información requerida para localizar al sospechoso y/o a la víctima del secuestro sin sacrificar el control judicial.

Las organizaciones sostienen que es inconstitucional el acceso a metadatos de comunicaciones, sin autorización judicial.

Los senadores Javier Corral, Manuel Bartlett y Alejandro Encinas se sumaron a la petición. El dictamen aludido ya quedó de primera lectura ante el pleno.