l artículo 39 de la Constitución estipula: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto significa que los poderes y las instituciones públicas sólo se justifican cuando procuran el bienestar de todos y que, de no ser así, el pueblo soberano puede decretar su extinción y la creación de otros.  

Este es el fundamento constitucional de la convicción de que es inadmisible que del seno de corporaciones que debieran garantizar la paz, la seguridad y la integridad física de las personas surjan agresiones criminales contra cualquier ciudadano. Por ello, en distintos casos referidos por los medios de comunicación nacionales y en otros como el publicado por La Jornada Zacatecas (la desaparición de cinco jornaleros, presuntamente a manos de agentes de la Policía Federal), afirmamos que el encubrimiento y la impunidad deben ser cortados de tajo, pues de lo contrario se traza una ruta corta a la ingobernabilidad.

Es necesario señalar que los reportes de diversos organismos de derechos humanos refieren que los informes de las corporaciones policiacas y de las necropsias y peritajes de las procuradurías están plagados de imprecisiones e inconsistencias que muestran el empecinamiento de las autoridades en negar su responsabilidad y encubrir a los autores materiales e intelectuales de esos ataques y abusos, y que, además, las investigaciones independientes enfrentan diversos obstáculos de efectivos y mandos de la Policía Federal y las procuradurías estatales.

El quebrantamiento del estado de derecho por parte de las corporaciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos es muy grave, porque son el último asidero de la confianza de la población en las instituciones públicas. Si esa confianza se pierde, ya no existe otra instancia y la desesperanza se generalizará.