En una decisión sin precedente, la juez segunda de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, ordenó al Estado mexicano emitir una disculpa pública por los feminicidios, y reparar el daño ocasionado por el retardo injustificado de la alerta de violencia de género para el estado de México.

Desde hace cinco años, en diciembre de 2010, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ONCF) presentaron ante el Sistema Nacional de Prevención Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres una solicitud para que se declarara dicha alerta en la entidad mexiquense, la cual fue desechada por improcedente.

En dicha solicitud se destacaban las altas cifras de homicidios con características feminicidas cometidas en el estado de México, que ascendían a 922 casos, tan sólo entre 2005 a 2010.

Tras la negativa, las organizaciones de la sociedad civil iniciaron un largo litigio que duró casi cinco años, en el cual la Procuraduría General de Justicia del Estado de México no entregó información solicitada por el juzgado respecto del número de homicidios de mujeres en la entidad. La sentencia de amparo determinó que el retardo injustificado en la emisión de la declaratoria de alerta constituyó una violación a los derechos fundamentales de las garantías de las mujeres del estado de México, y ordenó también la reparación integral por las autoridades responsables.

Pesa a la reiterada oposición de las autoridades, el pasado 31 de julio, el sistema nacional de prevención de este tipo de violencia, en el que interviene la Secretaría de Gobernación, emitió la declaratoria de alerta de género en 11 municipios mexiquenses, es decir, cuatro años y medio después de la solicitud. Pero en la resolución del 2 de octubre pasado, la juez determinó que efectivamente había elementos para realizar la declaratoria de alerta, pero que no se justificaba un retraso.

Además se reconoció la grave problemática que han enfrentado las mujeres del estado de México en materia de violencia de género, y se enfatizó que de haberse accionado la declaratoria de forma oportuna se hubiera podido evitar múltiples casos de feminicidios en dicha entidad.

Se deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en la memoria de las mujeres que han sido asesinadas en el estado de México y, sobre todo, hacer un compromiso con la sociedad en el sentido de hacer cumplir en todas y cada de sus partes la declaratoria de mérito, señaló la Cmdpdh.

En un comunicado, también se destaca que las autoridades integrantes el sistema deben comprometerse por escrito y ante notario público a no volver a retrasar ni a minimizar el aumento en el índice de homicidios en contra de las mujeres, ni a justificar que la solicitudes de alerta representan ataques políticos en contra de los gobiernos.

La demanda de amparo presentada por la comisión y el observatorio fue en contra de la Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional de Prevención Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y el Instituto Nacional de las Mujeres.