Saltillo, Coah.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acreditó el delito de trata de personas contra Óscar Lozano Chávez, propietario de los campos agrícolas Santa Cruz y El Pedregal, municipio de Ramos Arizpe, donde 297 jornaleros, de ellos 86 menores, eran explotados laboralmente y obligados a vivir en condiciones insalubres y de hacinamiento. Tres colaboradores del empresario tambien fueron sindicados por el mismo cargo.

El problema fue detectado cuando el padre de una menor que laboraba en ese sitio acudió a rescatarla, pero los encargados del rancho no se la entregaron. El progenitor denunció al Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, a raíz de lo cual el 19 de agosto pasado se realizó un operativo policial que detectó la presencia de niños y adolescentes en labores de adultos en condiciones de insalubridad.

No les pagaban

El Ministerio Público detuvo al empresario y lo consignó a la autoridad judicial por fraude, pues su empresa prometía a los jornaleros trato digno, un lugar adecuado para dormir, al menos tres comidas al día, jornadas de ocho horas y 200 pesos de sueldo diario, pero cuando las autoridades intervinieron los trabajadores tenían más de un mes sin paga.

Desde entonces, el propietario de la empresa Prokarne (empacadora de carne en Saltillo que además posee los campos agrícolas Santa Cruz y El Pedregal) permanece en la prisión varonil de la capital del estado.

En la misma cárcel se encuentran tres de sus colaboradores: Juan Gerardo Castillo, Roberto Martínez y Pedro Cisneros, quienes eran capataces en los ranchos y estaban a cargo de los trabajadores explotados.

El Ministerio Público logró acreditar para los cuatro el delito de trata de personas, pero el juez del sistema acusatorio y oral de Saltillo tiene hasta el 11 de enero para determinar su situación jurídica: dejarlos en libertad o dictarles condena por trata de personas.

El Código Penal del estado castiga con pena mínima de ocho años de cárcel y máxima de 15 si las víctimas son mayores de edad. El castigo será de 22 años de prisión cuando la víctima sea una persona menor de 18 años o mayor de 65 de edad que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo.

Sin embargo, la dependencia no pudo acreditar el delito a Fidel Martínez, quien también fue detenido el 19 de agosto, pero quedó en libertad una semana después. Los jornaleros lo identificaron como el encargado de contactarlos en los estados de Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla y San Luis Potosí.

Los trabajadores agrícolas estaban obligados a trabajar 15 horas diarias para cosechar y empacar legumbres; por la mañana recibían un pan de desayuno y por la tarde casi siempre un plato de sopa.

La empresa también les ofreció un lugar digno para vivir, pero los alojó en una bodega donde dormían sobre cartones puestos sobre el suelo, con un sóolo baño y sin regadera.

La Secretaría del Trabajo y Pevisión Social obligó a la empresa a cubrir el sueldo pendiente de los trabajadores y a indemnizarlos; los obreros regresaron a sus comunidades en autobuses resguardados por policías.

Cuando vimos que no había lugar ni para comer, y dormiríamos en el piso de una galera, apenas encima de un pedazo de cartón, nos quisimos regresar. Queríamos huir, pero no teníamos dinero y debimos quedarnos, dijo uno de los jornaleros.

Reabren campos agrícolas

Sin embargo, la Secretaría de Trabajo en Coahuila permitió a Prokarne reabrir los campos agrícolas donde cosecha legumbres, pero hay una estricta vigilancia para que se respeten los derechos de los trabajadores, dijo Tania Castillón, subsecretaria de Justicia Laboral del gobierno de Coahuila.

Ahora, los jornaleros viven en casas rentadas por la empresa en la cabecera municipal de Ramos Arizpe y todos los días son trasladados a los campos en camiones.