Con un total de 615 agresiones documentadas, los primeros tres años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto han sido los más peligrosos para las defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas.

De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), desde la creación de esta organización, hace cinco años, se tienen documentados 36 asesinatos de activistas.

En un pronunciamiento, resultado de su cuarto encuentro nacional, la Red (conformada por 189 mujeres defensoras y periodistas, de 23 estados) denunció que durante los años recientes se ha vivido una escalada de violencia contra las mujeres a todos los niveles, desde la esfera doméstica hasta la que sufren por el Estado y sus instituciones.

Agregó que se ha identificado que una defensora o periodista que ha sufrido una agresión tiene una alta probabilidad de que volverá a ser víctima de algún abuso, situación documentada en más de 68 por ciento de los registros realizados.

Por ello, denunciamos que es el gobierno mexicano en sus tres niveles responsable y cómplice de dicha escalada de violencia por sus acciones y por su incumplimiento de su mandato de proteger a las y los defensores de derechos humanos, que tiene como objetivo impedir que las mujeres sigamos ejerciendo nuestro legítimo deseo de defender los derechos humanos. Lo que evidencia una realidad de violación sistemática de estas garantías, aseguró la RNDDHM.

Labor obstaculizada

El pronunciamiento dado a conocer en conferencia por varias de sus integrantes, afirmó que la negligencia, la complicidad y la participación del Estado mexicano en los ataques y amenazas contra las defensoras, así como la impunidad, impacta y obstaculiza su trabajo en favor de los derechos humanos.

La abogada Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Santa María Xadani, Oaxaca, relató la situación de acoso, hostigamiento y amenazas de muerte que sufre el movimiento de resistencia civil que se opone a los megaproyectos eólicos en esa entidad.

Con más de 35 años en defensa de los derechos humanos, Bettina Cruz comenzó en 2004 un proceso de organización de los pueblos indígenas de la zona istmeña, campesinos, pescadores, comerciantes y jóvenes, a fin de que defender su derecho a una consulta previa, libre e informada cuando un proyecto de este tipo llega a su territorio.

Junto con ella, otras defensoras de otras entidades denunciaron el hostigamiento y amenazas que enfrentan en su trabajo cotidiano. Carolina Ramírez, de la organización Aura, de Veracruz, se refirió al creciente número de feminicidios cometidos en la entidad y al amparo que desde la ley reciben los agresores.

Ana Claribel Mendoza, de la Caravana Mesoamericana de Madres en Busca de sus Hijas e Hijos, expresó el doloroso caminar que emprenden desde sus lugares de origen en busca de sus seres queridos, que dejan sus pueblos en un intento por mejorar sus condiciones de vida, pero que en el trayecto hacia Estados Unidos, muchas veces en territorio mexicano, desaparecen.

A la caravana se unieron Cristiana Bautista, madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y Trinidad Ramírez, de San Salvador Atenco.