Los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados expresaron su rechazo a que la ley federal para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos intente equiparar la protesta social con el terrorismo.

En una revisión del dictamen que la semana pasada aprobó la Comisión de Justicia, la bancada de MC sostuvo que el contenido de esa ley atenta contra el derecho constitucional de libre manifestación.

Refirió que el artículo 21 advierte que se impondrán de tres a cinco años de prisión a quienes se manifiesten para impedir la ejecución de una obra petrolera, aunque sólo se hiciera una simple oposición material sin violencia, y las sanciones se duplicarán para quienes promuevan las movilizaciones.

También, explicó, atenta contra el derecho de acceso a la información pública, porque el artículo 24 ordena que la información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos de personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios en materia de hidrocarburos, serán considerados información de seguridad nacional.

Para MC, esa definición es inaceptable, pues representa un intento por legalizar la opacidad en beneficio de intereses particulares.

Consideró que es un exceso tipificar delitos en esa materia como actos terroristas, porque se modifica el artículo 139 del Código Penal Federal para incluir como agravante la generación de daños o afectaciones a la industria de los hidrocarburos.

“Esto es insostenible, porque el mismo código ya define al terrorismo como el uso de medios violentos ‘en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional’, y no existe ningún argumento para equiparar el daño a instalaciones de una industria con el terror”.

Una vez más se pretende desvirtuar y tergiversar este marco legal para beneficiar a grupos en particular, resaltó.

En tanto, el diputado Arturo Santana, del PRD, expuso que la protesta social de ninguna manera puede equipararse con terrorismo.

Si los diputados permitimos que se agrave una conducta en materia de terrorismo, con dedicatoria a proteger a las empresas, pero a costo de la libertad y del libre pensamiento ideológico de los mexicanos, estaríamos cometiendo un error, declaró.