El Servicio de Administración Tributaria (SAT) acusó a 30 servidores públicos del gobierno de Sonora durante el sexenio de Guillermo Padrés Elías, de ser presuntos responsables de irregularidades fiscales que habrían beneficiado a 574 contribuyentes de esa entidad, con mil 705 millones de pesos en perjuicio de la Federación, informó el jefe del organismo, Aristóteles Núñez Sánchez.

El funcionario aclaró que el ex gobernador, por el momento, no se habría visto involucrado porque no tenía atribuciones directas en las labores de la dirección, supervisión o firma de actos en los que el SAT descubrió las irregularidades cometidas durante su administración.

–Los funcionarios y contribuyentes involucrados ¿se harían acreedores a penas de cárcel? –se le preguntó a Núñez Sánchez en una conferencia de prensa ofrecida en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

–Es necesario esperar que se profundicen las investigaciones a través de las instancias estatales, e incluso de la Procuraduría General de la República, para determinar si se conforma alguna causa penal. Los funcionarios que en su momento tuvieron algún tipo de contacto o trabajo directo en labores de auditoría o firma de actas parciales, son los que tendrían la responsabilidad inmediata, y dependiendo del alcance de sus atribuciones pudiera llegar a funcionarios de otro nivel. En el caso de los contribuyentes, pasa a ser materia directa de la autoridad fiscal con un contribuyente y en caso de que se acredite dolo, concertación de interés o mala fe con la autoridad responsable, se configuraría un delito y tendríamos que llevarlos a la causa penal.

Luego de firmar un convenio con el IMCP, Núñez Sánchez precisó: El ex gobernador no tiene la atribución directa, es un trabajo que tendrán que hacer las autoridades estatales para saber hasta dónde puede alcanzar el deslinde de responsabilidades. Ya se presentaron unas 30 denuncias por las irregularidades cometidas en beneficio de los contribuyentes, pero serán las autoridades correspondientes del estado, explicó el funcionario, las que determinen las responsabilidades y deslinden, en su caso, a los servidores públicos que no participaron en el quebranto”. Aunque también mencionó que se tienen abiertos 32 expedientes y 35 causas en juicios de lesividad por el quebranto fiscal descubierto desde el arranque de este año.

Apenas el pasado 20 de noviembre el órgano fiscal informó a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación: Sanciona SAT al gobierno de Sonora por incumplimiento al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

En el anuncio el organismo instó a los contribuyentes a tomar en cuenta que entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre el gobierno del estado no puede ejercer facultades de fiscalización, pues estas corresponden al SAT.

En la misma publicación se estableció además que el gobierno estatal dejaría de ejercer las facultades de comprobación, que no tendría derecho a recibir los incentivos correspondientes, y que las facultades se retomarían a partir del primero de enero de 2016.