na de las reformas pendientes en el proceso de modernización del país es ampliar y culminar los cambios legales y las políticas de Estado para incorporar al desarrollo nacional, con derechos plenos y de acuerdo con su realidad cultural específica, a los 12 millones de mexicanos que forman parte de los pueblos y las comunidades indígenas, número estimado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Uno de cada 10 mexicanos, también según el Inegi, pues su censo 2010 arrojó que 9.4 por ciento de la población del país habla alguna lengua indígena, no revelando el número de la población en términos absolutos y definitivos, pues no toma como referencia los rasgos fenotípicos de la población, sólo contabiliza a quienes por su lengua nativa se consideran indígenas mayores de tres años.

Esa población indígena se encuentra, sobre todo, en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, los estados más pluriétnicos del país, el sur y sureste mexicano, justamente los que tienen los indicadores más bajos de desarrollo económico y social.

Sin duda, es una población muy significativa, en número y trascendencia cultural. No extraña por eso que de los 95 compromisos del Pacto por México, suscrito en 2012 por el gobierno y las principales fuerzas políticas, tres se refieran a los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas: el 34, Fortalecimiento de las comunidades indígenas; el 35, Educación, salud, infraestructura y créditos para los habitantes de las comunidades indígenas, y el 36, Acceso equitativo a la justicia y a la educación de los habitantes de las comunidades indígenas.

Sin embargo, las cifras, los indicadores económicos y sociales recientes revelan que esos objetivos están lejos de ser alcanzados.

De acuerdo con los datos oficiales de medición de la pobreza, los de la Coneval, más de siete de cada 10 indígenas siguen siendo pobres, 73.2 por ciento. El registro sexenal revela que si bien la pobreza extrema ha disminuido sensiblemente en el país, es decir, en la población en general, la pobreza no disminuye en este segmento social; al contrario, hay un incremento de 500 mil indígenas pobres entre 2012 y 2014, para sumar ahora 8.7 millones.

En 2012 estaban en pobreza extrema 3.5 millones de indígenas (que representaban 30.6 por ciento de esa población étnica), y en 2014 se contabilizaron 3.8 millones, 31.8 por ciento. La proporción de indígenas en pobreza extrema más que triplica la del resto de la población, que se ubica en 9.5 por ciento.

Setenta y seis punto uno por ciento de los hogares indígenas se ubican debajo de la línea de bienestar, lo que implica que no cuentan con ingresos suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria y no alimentaria, cuando la proporción para los hogares no indígenas es de 50.7 por ciento.

Cincuenta y tres punto cinco por ciento de los indígenas resienten al menos tres de las seis carencias sociales consideradas por la Coneval para su medición, mientras para los no indígenas la proporción es de 18.5 por ciento. Al mismo tiempo, casi 6 millones de indígenas no tienen acceso a la seguridad social; 5 millones no tienen acceso a servicios básicos en sus viviendas y 3.3 millones sufren rezago educativo. En suma, de acuerdo con los datos de la medición más reciente, persisten y se amplían las brechas entre la población indígena y la no indígena en ingreso y carencias sociales.

Esto no significa que la atención de los pueblos indígenas no sea prioridad para el actual gobierno, pues el gasto federal destinado a pueblos indígenas fue de 68 mil 123 millones de pesos en 2012, y de 74 mil 102 millones en 2013. Específicamente para infraestructura de agua, electricidad, vivienda y caminos, en 2014 se aplicaron 8 mil millones de pesos y cifras semejantes para esos rubros en 2015.

Los resultados de esa aplicación de recursos nos sugieren, eso sí, que es preciso ampliar los derechos y redireccionar las políticas públicas para y con los indígenas. Evaluar no sólo los derechos humanos más básicos a la vida e integridad, sino también los derechos sobre su territorio, el idioma, cultura, religión y otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo.

Revisar de nueva cuenta, por ejemplo, instrumentos nacionales de contenido histórico, como los acuerdos de San Andrés Larráinzar, suscritos el 16 de febrero de 1996, que sólo quedaron tímida y parcialmente incorporados, en su letra y en su espíritu, en el texto constitucional.

Acuerdos que reivindicaban una ciudadanía plena para los indígenas y un mayor derecho sobre los recursos naturales de sus asentamientos, pero sobre todo llamaban al reconocimiento constitucional de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho público, abriendo por primera vez en la historia del México Independiente la posibilidad de que a escala nacional los pueblos indígenas pudieran elegir libre y democráticamente a sus representantes, como ya se venía practicando en Oaxaca y como lo venían haciendo otros sectores de la población.

Revisar los resolutivos de la Organización Internacional del Trabajo, con postulados más avanzados que la legislación nacional en lo relativo a los derechos indígenas. Por ejemplo, el Convenio 169 aprobado en 1989 y ratificado por 22 países, entre ellos México. Reconoce los derechos a la propiedad de la tierra, la igualdad, la libertad y la autonomía en las decisiones sobre los asuntos de los pueblos indígenas y establece la consulta previa de cualquier medida administrativa o legislativa que los afecte directamente, como la explotación de recursos naturales en su territorio, consulta que muy pocas veces se produce en nuestro país.

Remitirse al derecho comparado, y para empezar a los acuerdos de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. El 13 de septiembre de 2007, después de un proceso de preparación, debates y negociaciones que se remontaba hasta 1982, la Asamblea General adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La declaración no vinculante establece los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, así como sus derechos a la identidad, cultura, idioma, empleo, salud, educación, entre otros.

En suma, hay muchos referentes nacionales e internacionales para robustecer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y para relanzar una sólida política de Estado que los incorpore, como actores principales, en un desarrollo nacional pluricultural e incluyente.