l Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) confirmó ayer con bases científicas incontestables lo que todo mundo sospechaba desde el 7 de noviembre del año pasado, cuando Jesús Murillo Karam dijo en conferencia de prensa que los 43 muchachos normalistas capturados en Iguala el 26 de septiembre anterior habían sido ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula. Esa misma tarde los padres de los desaparecidos manifestaron sus dudas sobre esa versión oficial –que habría de ser elevada al rango de verdad histórica
por el mismo declarante a fines de enero de este 2015– y exigieron pruebas contundentes de lo dicho por el entonces procurador del peñato. Por el contrario, en las semanas y meses siguientes fueron surgiendo numerosos indicios de que el régimen mentía y que su narración era insostenible: simplemente, entre la noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre no hubo en Cocula las condiciones materiales para incinerar allí una cuarentena de cuerpos.
Pero el gobierno se empecinó en sostener esa fantasía sórdida contra viento y marea y las sesudas explicaciones de Murillo Karam dieron pie al propio Peña Nieto para alabar el esfuerzo sin precedente de búsqueda e investigación
que desembocaba en esa ladera llena de basura en la que un cadáver no habría rodado hasta el fondo de la hondonada. Y la mentira fue defendida por todos y cada uno de los funcionarios federales que se manifestaron al respecto. El 6 de septiembre, en la presentación de un informe que estremeció al país, los integrantes del GIEI realizaron una sólida refutación del cuento de la PGR. Los expertos internacionales recurrieron al especialista en dinámica de fuego José Torero, quien concluyó que el acto de exterminio relatado por el gobierno era científicamente imposible
. Aun así, la sucesora de Murillo al frente de la PGR, Arely Gómez, seguía diciendo, en marzo de este año, que el hidalguense había encabezado una investigación profunda, seria y exhaustiva
. Y hasta la fecha el peñato sigue aferrado a su verdad histórica
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Pero ayer el GIEI informó, entre otras cosas, de la existencia de fotos satelitales que no registran fogata alguna en Cocula entre el 26 y 27 de septiembre, así como reportes meteorológicos que indican que en tales fechas hubo lluvia en ese municipio guerrerense. Con estos nuevos elementos el relato de la incineración es del todo insostenible y su derrumbe definitivo deja en el aire muchas preguntas necesarias.
¿Cómo y por quiénes se urdió en las entrañas de la PGR la fantasía necrofílica de la pira funeraria en el basurero? ¿La construyeron, quienes hayan sido, porque no tenían idea del paradero de los desaparecidos y pretendían salir del paso y darle a los padres y los compañeros de los desaparecidos –y a la opinión pública nacional e internacional– un placebo de investigación? ¿Fabricaron ese desenlace para encubrir la participación de individuos y/o instituciones –por ejemplo, la Policía Federal y el Ejército– en la agresión sufrida por los muchachos normalistas? ¿A quiénes pretenden salvar de la acción de la justicia? ¿Qué le deben a los autores como para liquidar en forma tan absoluta la credibilidad de la Procuraduría?
¿Pusieron al tanto a Peña de que estaban a punto de soltar una gorda mentira o se la dieron a tragar a él en primer lugar? ¿Nadie le ha dicho a éste que la mentira sostenida le resultará mucho más cara que una aceptación de responsabilidades y omisiones? ¿Por qué el grupo gobernante ha seguido defendiendo hasta ahora una versión que desde el principio resultaba inverosímil y llena de incoherencias? ¿Por qué se empeña en impedir cualquier entrevista a los soldados que estaban presentes en Iguala aquella noche? ¿Por qué hasta la fecha los gobiernos estatal y federal no han querido o no han sido capaces de aminorar la violencia en Guerrero?
¿Qué les hicieron a los muchachos? ¿Adónde los llevaron? ¿Dónde están?
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