La Comisión de Gobernación en el Senado, que preside la priísta Cristina Díaz, realizará este martes audiencias públicas para evaluar la aplicación de la Ley General de Víctimas, ante las denuncias y quejas de afectados que señalan que no han sido atendidos, que no fluyen los recursos del fondo y que no se les trata debidamente al acudir a solicitar los servicios.

Este martes víctimas de secuestro, de desaparición forzada, de tortura, de violencia sexual, de desplazamiento, de trata de personas y familiares de afectadas por feminicidios, expondrán a los senadores una evaluación desde su punto de vista de cómo trabajan las comisiones ejecutiva de Atención a Víctimas y los problemas más frecuentes.

Aunado a ello, hay una serie de iniciativas de senadoras de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza para modificar distintos artículos de la Ley de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La priísta Diva Gastélum propone en su iniciativa adicionar un párrafo al artículo 17 de la ley referida, en materia de los derechos de las víctimas en el proceso penal, con la finalidad de establecer los más altos estándares a escala internacional y que en el caso de víctimas de delito o violencia física o sexual grave no se podrá optar por la solución de controversia por conducto la conciliación o la mediación.

Otros senadores priístas presentaron otra iniciativa para replantear los requisitos para ser integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de manera particular proponen eliminar el requisito de no haber ocupado cargo público los pasados dos años, previos a la designación.

La panista Adriana Ávila también presentó otra iniciativa para crear el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, mismo que se constituirá parcialmente con fondos federales determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Propone que la CEAV formule la iniciativa para la integración del fondo y lo entregue a los estados. En el caso de las víctimas del delito de trata de personas y explotación, 20 por ciento de los recursos del fondo serán destinados para que autoridades federales, estatales y del Distrito Federal brinden servicios de asistencia, salud, educación, albergues, casa de transición y asistencia de emergencia, entre otros.