ntre encendidas protestas de la oposición, y las fracciones mayoritarias en el Palacio Legislativo de San Lázaro aprobaron ayer –por 343 votos contra 116– la desaparición del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste) y su conversión en una Afore de régimen paraestatal.
Aunque el resultado de la votación era previsible, pues desde la noche del pasado lunes la minuta correspondiente se impuso en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con los sufragios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde, Panal y Acción Nacional, alineación que se repitió ayer en el pleno, no por ello deja de resultar indicativo de la determinación antilaboral que caracteriza al régimen actual.
Cabe recordar, en efecto, que en las postrimerías del sexenio anterior el PRI y el PAN aprobaron una reforma laboral que vulneró gravemente los derechos de los trabajadores y que, a contrapelo de lo que sus promotores aseguraron en ese entonces (noviembre de 2012), incrementó la informalidad, redujo el crecimiento –de por sí deplorable– de los trabajos formales y redujo la calidad de los empleos existentes. Posteriormente, ya en el marco del Pacto por México, los legisladores de los partidos integrantes de esa coalición aprobaron la llamada reforma educativa– que es, en realidad, una extensión de la laboral para ser aplicada contra los maestros que trabajan para el Estado–, cuya aplicación ha causado las turbulencias sociales por todos conocidas.
Ahora, la desaparición del Fondo de Pensiones del Issste es un paso más en la reducción de los derechos, conquistas y garantías de los empleados del sector público. De acuerdo con la reforma implantada ayer en San Lázaro, el destino de los 120 mil millones de pesos que pertenecen a las jubilaciones de los trabajadores del Estado será decidido a discreción del secretario de Hacienda y Crédito Público, y el Pensionissste se convertirá en una paraestatal que podrá ser desincorporada
o incluso liquidada en cualquier momento por voluntad presidencial.
Por añadidura, el gobierno federal no se hará responsable de los dineros de los jubilados actuales y futuros en caso de que se vean afectados por una administración inadecuada o por un quebranto financiero.
Si se tiene en mente la obsesión por reducir el sector público a su mínima expresión y por transferir a manos privadas todos los bienes y facultades del Estado que se pueda –obsesión que desde hace tres décadas domina al grupo gobernante y que ha causado en el país un desastre social, político y hasta económico de enormes dimensiones–, no puede dejar de pensarse que tras la votación legislativa contra el Pensionissste se encuentra el designio de privatizar, así sea en etapas, las instituciones de seguridad social de la nación.
Y aunque hoy los operadores gubernamentales nieguen que exista ese propósito, resulta inevitable recordar uno de los principales engaños en la promoción de la reforma energética: también se dijo entonces que ésta no tenía por objetivo la privatización. Sin embargo, al amparo de los términos establecidos en dicha reforma, grandes territorios, recursos y bienes del sector han pasado al control de capitales privados.
