a iniciativa presidencial de cambiar el carácter de Pensionissste y convertirlo en una empresa estatal de participación mayoritaria significativamente estaba en un anexo del proyecto de presupuesto para 2016. Eso es, el gobierno lo considera una pieza en el manejo de las finanzas públicas y eventualmente un bien privatizable. Cuando la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Araceli Damián, hizo pública la iniciativa muchos trabajadores del sector público y algunos sindicatos se puesieron en alerta y en resistencia. Parecía que se hubiera logrado parar temporalmente el dictamen de la propuesta, pero PRI y PAN se han alineado.

Es importante ver al Pensionissste en el contexto de la política económica de Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Recordemos que se ha aprobado un presupuesto austero para 2016 que se monta sobre los recortes de 2015. Fracasó el intento de hacer un presupuesto de base cero que, entre otras cuestiones, hubiera significado importantes recortes de personal. Sin embargo, se incrementó el endeudamiento público y se recortó la inversión pública en infraestructura para 2016.

El rápido incremento de la deuda pública que el próximo año llegará a un equivalente del 52 por ciento del producto interno bruto (PIB) es notable. Significa que se está acercando al tope fijado a los estados miembros por la Unión Europea del 60 por ciento del PIB, aunque esté rebasado por muchos de ellos debido a la crisis financiera y el rescate a los bancos y que ha sido el pretexto de imponer severos ajustes.

La iniciativa de poner al Pensionissste bajo el control de la Secretaría de Hacienda como empresa estatal le ofrece la oportunidad de usar sus fondos como caja chica. Es así porque el consejo de administración tendría la facultad de decidir en que invertir los fondos. Podría entonces invertirlos en papel gubernamental asegurando así una fuente de endeudamiento público. Alternativamente podría ofrecer los fondos con una tasa de interés baja a empresas constructoras para proyectos de infraestructura de distinto tipo en prejuicio de los trabajadores.

Para justificar el recorte de inversión pública, Videgaray efectivamente planteó que el problema se resolverá con proyectos de Asociación Público-Privadas (APP), esquema muy promovido por él cuando era responsable de las finanzas del Estado de México. Sin embargo, no mencionó que el hospital regional de alta especialidad APP de Zumpango ha sido un rotundo y carísimo fracaso. Fue construido por Higa, involucrado directamente en los escándalos de la Casa Blanca y de su casa en Malinalco.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González Anaya, ya declaró que el instituto construirá cuatro nuevos hospitales con el esquema APP, con contratos de una duración de entre 29 y 33 años. Según los datos preliminares estarían ubicados en Nuevo León, estado de México, Chiapas y Nayarit. Representarían una inversión de 6,129 mil millones de pesos, pero el costo de los contratos serían de 102,159 mil millones. La discrepancia entre la inversión y el monto de los contratos se explica, porque el gobierno paga: el préstamo con intereses más altos, la renta del hospital al contratante, el cargo por la administración del inmueble y de algunos servicios auxiliares. La maniobra contable es que aparece como parte del presupuesto de operación y no como deuda pública. Es decir, no incrementa la deuda pública y es un negocio sumamente rentable para el socio privado. Para los derechohabientes significa que se quita dinero a un presupuesto de servicios médicos desde antes insuficiente.

Cuando se aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas en 2012 se introdujo la figura de propuestas no solicitadas que los inversionistas pueden ofrecer a una dependencia gubernamental. Según la prensa especializada en finanzas, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) presentaría otros cuatro hospitales APP para su aprobación. Algunos de ellos podrían ser las propuestas no solicitadas elaboradas por GIA+A, Prodemex y Marhnos, todos conocidos y controvertidos contratistas APP. GIA+A es controlado por el cuñado de Carlos Salinas; Prodemex y GIA+A eran los socios nacionales de la empresa china que ganó la malograda licitación del tren rápido México-Queretaro, y Mahrnos de los Mariscal-Servitje el contratista del hospital APP Bicentenario.

Como se observa la seguridad social se está insertando en el proyecto neoliberal privatizadora en marcha y los principales perdedores son los derechohabientes.

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