La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exhortó a los tres niveles de gobierno a cambiar muchas de las prácticas procesales que aún se mantienen vigentes, a efecto de garantizar el acceso efectivo a la justicia, particularmente a las personas indígenas.

Además, los ministros del máximo tribunal demandaron a las autoridades de procuración e impartición de justicia evitar subutilizar los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en materia indígena, así como tomar en cuenta la diversidad cultural y jurídica del país, en la resolución de asuntos relacionados con esta problemática.

Al conceder un amparo en contra de un indígena acusado de homicidio, la sala determinó que en el juicio seguido en su contra se violó su derecho a una justicia adecuada, ya que no contó con la asistencia de un intérprete o traductor que conociera su lengua y cultura.

El proyecto elaborado por el ministro José Ramón Cossío concluyó que dicho asunto (amparo directo 19/2012) constituye una muestra de la forma en que son violados los derechos al debido proceso de los grupos vulnerables, por lo que es necesario modificar el diseño y fortalecimiento de las instituciones de defensoría pública que instruyen en el conocimiento de lenguas y culturas indígenas.

La resolución, aprobada por unanimidad, plantea que todos los indígenas tiene derecho a contar con un intérprete y defensor, para que en todo momento tengan defensa adecuada y acceso efectivo a la justicia.

Para lograr lo anterior, se deberán generar políticas públicas para impulsar la firma de convenios institucionales que permitan el aprovechamiento de nuevas tecnologías, capacitación de personal, logística de traslado de defensores e intérpretes y la certificación de los mismos.

Asimismo, sensibilizar para eliminar prácticas de discriminación de las autoridades involucradas en la procuración e impartición de justicia, además de profesionalizar a los operadores del nuevo sistema de justicia penal, como son defensores particulares y de oficio, peritos, intérpretes y traductores en materia de derecho indígena.

La sentencia convoca al Instituto de la Judicatura Federal a poner más atención en la necesidad de atender la problemática que implica formar especialistas que garanticen a las comunidades indígenas el acceso a la justicia.