Yurécuaro, Mich.

Marcos Gregorio es jornalero agrícola desde los 16 años. Viajaba él solo a los cultivos de hortalizas de este estado, Aguascalientes y Zacatecas. Ahora, 11 años después, sus padres, su esposa y sus hijos se sumaron a esta migración. Vuelven a Ichán, su pueblo, a fin de año, a las fiestas. Después, reanudan su viaje.

Esta familia de siete personas ocupa uno de los 50 cuartos de 3.50 por 3.50 metros del albergue de jornaleros agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que dan alojamiento a estos trabajadores y a sus familias, que abandonan sus pueblos para buscar trabajo en campos de cultivo.

Llegan aquí a trabajar en la cosecha de jitomate, chile y cebolla, por 150 pesos diarios; acuden desde las 4 de la mañana a las vías del tren, donde los productores se acercan en busca de mano de obra. Es ya casi el final de temporada. El trabajo es escaso, pronto se irán a otro lado a buscarlo.

Los niños y las mujeres pasan el día en el albergue. Los pequeños van a la escuela, las mujeres cocinan. En la noche, tras la larga jornada, las familias salen a caminar, al tianguis, y después, la noche les da un respiro de descanso, para al día siguiente repetir la jornada.

Marcos planteó que debido a que no está en su pueblo, ni él ni ninguna otra persona de su familia reciben algún apoyo del gobierno, como los televisores que en estos días se distribuyen a beneficiarios de programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En Michoacán, Sedesol sólo cuenta con el albergue que se encuentra en este municipio, sobre el cual hace unos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a esa dependencia.

El motivo fue la muerte de una niña en marzo de 2014, por lo que la comisión planteó medidas para la atención de la familia afectada, y determinó ampliar las líneas de investigación para abarcar el análisis de las violaciones a los derechos humanos a un nivel de vida suficiente y a recibir atención adecuada a la salud, en agravio de los jornaleros agrícolas.

Esto porque se encontraron diversas irregularidades en el albergue, como el hecho de que ni siquiera contaba con luz eléctrica ni había vigilancia, además de que las condiciones de vida de los jornaleros no eran dignas.

Ante ello, el titular de la Sedesol, José Antonio Meade Kuribreña, visitó el albergue el lunes, pernoctó ahí, y este día, acompañado del gobernador del estado, Silvano Aureoles, anunció que se mantendrá diálogo con comités ciudadanos de jornaleros para conocer sus necesidades.

Dijo que esto se hará en los 118 albergues de la Sedesol y en 2016 se destinarán 310 millones de pesos al programa de la dependencia. Mencionó que los jornaleros enfrentan problemas como no contar con documentos oficiales, lo cual les impide realizar trámites e incluso incorporarse a programas de la Sedesol, ya que no tienen domicilio fijo, lo cual se buscará subsanar y habrá cambios en las reglas de operación.

Apuntó que en el país laboran diariamente 2.04 millones de jornaleros, y con sus familias, que viajan con ellos, suman 9.2 millones de personas. El 18 por ciento habla una lengua indígena y 3.5 millones son niños, de ellos 727 mil trabajan.

Actualmente el albergue aloja a 240 personas, de las cuales 70 son niños. Esteban Álvarez, presidente y médico del albergue, detalló en entrevista que la mayor parte de los migrantes vienen de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y de otros municipios del estado. Explicó que los principales problemas son el hacinamiento, la falta de medicinas y los mayores problemas de salud son esguinces e intoxicaciones por plaguicidas.