ué explica la desincorporación del Fondo Nacional de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Pensionissste), su conversión de empresa estatal en empresa pública-privada? El sistema, que administra en al país 39 mil cuentas que suman 120 mil millones de pesos, pasó del ámbito estatal a manos de una empresa donde habrá participación privada hasta de 45 por ciento.

Lo que explica este movimiento aparentemente extraño –el Pensionissste tenía mayores rendimientos en comparación con el promedio de las administradoras de fondos para el retiro (Afore)– son dos móviles enlazados: 1) el Estado se sacude la responsabilidad de la seguridad social de los trabajadores a su servicio, y 2) aprovecha la oportunidad para que la iniciativa privada haga negocio con los fondos de sus trabajadores.

¿A quién beneficia este esquema de manejo de los fondos de seguridad social de los trabajadores? No a éstos porque sus fondos han quedado sin protección. Beneficiará a quienes aprovecharán los rendimientos de las inversiones y a la élite gobernante, que no tendrá que responder por el derecho de los trabajadores a una pensión. Veremos en poco tiempo cómo se transforma la llamada tasa de remplazo, el porcentaje del último salario con que se retiran los trabajadores. El promedio de las Afore es de 28 por ciento, lo que significa que los asalariados se retiran con una mensualidad menor a un tercio de su último pago. En el caso del Issste, la tasa de remplazo actual es de 60 por ciento. Con el nuevo esquema, se acercará a 28.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto la destrucción de derechos sociales con el consecuente lucro para cierta iniciativa privada que se apropia de recursos naturales y financieros ha sido vertiginosa, y la corrupción fulminante. ¿Los sindicatos no van a responder? Está por concretarse otra embestida a los derechos sociales de los mexicanos. Ya la aprobaron los diputados, faltan los senadores.