En el estado de México hay una política sistemática de despojo del territorio, agua, bosques y recursos naturales, en medio de una abierta violación a los derechos humanos y colectivos de la población, principalmente indígena y pobre, denunció el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

En su informe anual 2015 sobre su trabajo y la situación que priva en la entidad en materia de derechos humanos, denunció que este despojo se pretende hacer mediante la imposición de megaproyectos y desarrollos inmobiliarios, en los que siempre resultan beneficiados las grandes corporaciones y los consorcios empresariales.

Además, advirtió que esta situación ha generado un enorme y grave clima de tensión e inseguridad, aunado a la represión, orquestada desde los diferentes niveles de gobierno, en contra de las manifestaciones de inconformidad de pueblos y organizaciones que resisten al despojo.

En conferencia de prensa, representantes de una docena de comunidades y pueblos del territorio mexiquense explicaron uno a uno su situación y lucha frente a esta política de despojo.

Así, se denunciaron, entre otros, los casos que viven los pueblos o municipios de Coyotepec, con la privatización del agua; de San Francisco Xochicuautla, en contra de la carretera Toluca-Naucalpan; de San Lorenzo Huitizizilapan, que pelean por su bosque y agua; de San Francisco Magú, que están contra la construcción de un desarrollo inmobiliario; de San Salvador Atenco, que rechazan el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, así como organizaciones que están en contra del pago desproporcionado de la energía eléctrica.

Estas son sólo muestras de una veintena de movimientos organizados desde la sociedad civil –incluido el movimiento magisterial– y que desde hace algunos meses se han aglutinado en una coordinación llamada Fuego de la digna resistencia, a fin de hacer un frente amplio y unido contra la política de despojo orquestada desde el gobierno.

El informe también da cuenta de que el uso de la tortura en el estado de México sigue siendo una práctica recurrente. El Centro Zeferino Ladrillero acompaña actualmente la defensa jurídica de 13 mexiquenses que fueron torturados, de las cuales 10 todavía están en prisión. Doce son varones y una es mujer.