Tanto hombres como mujeres muestran la misma disposición al soborno, incluso cuando se trata de servidores públicos. Sin embargo, frente a los oficiales de policía cada género recurre a diferentes estrategias para negociar la aplicación de la ley, y ellas tienen aparentemente más éxito, pues suelen no llegar al cohecho.

Así lo señala el estudio Para entender las prácticas de corrupción y sus contextos: la legitimidad del marco legal, realizado por el doctor Manuel Alejandro Guerrero, director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana.

Sobre la creencia de que las personas con mayor nivel educativo y económico tienden a pagar más sobornos, el análisis encontró una disposición similar a sobornar en miembros de diferentes grupos socioeconómicos. Así, la diferencia podría ser la oportunidad y el cálculo del costo-beneficio de tiempo y dinero.

De acuerdo con la académica, la legalidad no es considerada necesariamente legítima, por lo que seguir las reglas es una opción, aunque no siempre la más efectiva. De modo que las percepciones del imperio de la ley y la oportunidad de que ésta se aplique se convierten en un aspecto importante que han de tomar en cuenta los individuos cuando calculan la posibilidad de sobornar a un funcionario público.

En este caso, puede ser que el aspecto más importante que los individuos toman en cuenta para decidir si sobornan a un funcionario sea la percepción del nivel de corrupción en la institución a la que pertenece el funcionario. Si la institución es considerada intrínsecamente corrupta, como en el caso de la policía en la ciudad de México, los individuos se inclinarán más por el soborno o por tratar de negociar la aplicación de la ley, dijo el doctor Guerrero. La endeble legitimidad del marco legal es un frágil pilar para consolidar el imperio de la ley, agregó.