Senadores de PAN, PRD, PT y organizaciones sociales coincidieron en que la decisión judicial que negó el auto de formal prisión a Arturo Escobar, del Partido Verde, no significa en forma alguna su exculpación; pidieron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que acuda al recurso de apelación ante el Poder Judicial Federal y siga el proceso.

El senador panista Javier Corral advirtió que los delitos cometidos por Escobar están absolutamente acreditables. “Estaban a la luz desde que salió a relucir el asunto de los cineminutos, los promocionales en salas de cine para promover al verde, a través de la empresa Rabokse, SA, propiedad de su hermano Adrián Escobar”.

Legisladores de estos partidos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, comentaron lo irónica que resultó la fecha en que la juez decimoprimera de distrito en procesos penales, Rosa María Cervantes, resolvió no girar una orden de aprehensión contra Escobar y Vega: justo cuando se conmemora el Día de la Lucha Contra la Corrupción.

Los senadores Marcela Torres, de Acción Nacional; la petista Layda Sansores, y la independiente Martha Tagle lamentaron esta decisión, y consideraron que este fallo judicial en favor de Escobar deja un antecedente de debilidad de las instituciones. A su vez, Miguel Agustín López, de Causa Ciudadana, y Alfredo Peña, de México Unido contra la Delincuencia, señalaron que hubo presiones a la juez y pidieron al titular de la Fepade, Santiago Nieto, que siga adelante con la denuncia contra Escobar.

La senadora Sansores, en tanto, comentó que ojalá al presidente Enrique Peña Nieto no se le ocurra restituir a Escobar en la Secretaría de Gobernación o darle otro cargo. No puede ser aceptado en ningún puesto; su lugar es la cárcel, porque es un delincuente electoral.

El dirigente nacional del PRD, Agustín Basave, declaró que la decisión de no actuar jurídicamente en contra de Escobar es porque el PVEM es un aliado íntimo del PRI, y este partido y el gobierno federal lo necesitan para las elecciones federales de 2016 y 2018.

Era de esperarse que no se ejecutara la orden de aprehensión en contra del ex líder del PVEM, acusado de incurrir en delitos electorales, puesto que la impunidad es recíproca entre ese partido y el priísmo, sostuvo.

Con dureza, Marko Cortés, coordinador de los diputados panistas, reprochó y cuestionó la determinación judicial, pues “no podemos aceptar que en México se pueda vulnerar el sistema de justicia con coacción. Todos hemos visto la presión a la que estuvo sujeto el Poder Judicial, la política del gobierno del PRI.

“Entonces, ¿quién es el responsable de la repartición de las tarjetas Premia Platinum? ¿Quién es el responsable de los recursos ilegales, claramente probados, que tuvo el Partido Verde, por lo que está multado por millones de pesos? ¿Quién es el responsable de la campaña en días prohibidos de los tuits y de los contratos con artistas? ¿Quién es el responsable de toda la publicidad prohibida que se repartió entre otras mochilas de vinil?”

Por su parte, Movimiento Ciudadano expresó su total solidaridad con el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, porque toda la campaña de linchamiento en su contra carece de rectitud profesional del poder público, que lo único que desea es continuar intimidando a quienes, en este país, demuestran dignidad y autonomía.