La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SG) cumplió ayer dos semanas sin titular.

El equipo compacto de Arturo Escobar, quien se retiró del cargo el 25 de noviembre tras conocerse la investigación en su contra (por delitos electorales), continúa en las oficinas de la subsecretaría, confiados en que su jefe volverá.

En la SG no se ha tomado una definición al respecto; sin embargo, funcionarios consultados dijeron que por ahora no hay indicios de una decisión para reinstalar a Escobar en lo que fue su primer puesto como funcionario público.

El también ex vocero nacional del Partido Verde es acusado por la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade), la cual solicitó a una juez emitir orden de aprehensión contra el ex subsecretario. La petición fue negada.

Mientras tanto, la coordinación Intersecretarial del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), parte medular de la subsecretaría, definió las prioridades para 2016.

Si bien los proyectos de agenda de trabajo deberán entregarse a más tardar el 25 de enero del año próximo, las prioridades son siete temas:

Proximidad social y vinculación ciudadana; reactivación económica y laboral; prevención del acoso escolar; prevención y atención de las adicciones; espacios públicos y cohesión social; fortalecimiento de capacidades y competencias, además de atención a internos y sus familias. 

Eunice Rendón, directora de Coordinación Interinstitucional de la subsecretaría, precisó que una prioridad es la atención a grupos vulnerables (mujeres, y adolescentes) en conflicto con la ley, como parte de un objetivo general para evitar su reincidencia. 

Por tanto, es necesario aprovechar todos los recursos disponibles, llevar los programas a las comunidades y asegurar la eficiencia de su aplicación.

El Pronapred tendrá el año próximo un presupuesto general de 2 mil millones de pesos, 600 millones menos que en 2015.

Rendón dijo en entrevista que durante la sesión 16 de la comisión intersecretarial, encabezada por la SG, se analizó a qué territorios deben llegar estos recursos, de manera prioritaria, en 2016.

Uno de los programas de la coordinación Interinstitucional son las ferias en los centros de reclusión; es decir, llevar a estos sitios servicios públicos, para atender a las mujeres en prisión y a sus hijos.

Se estima que en todo el país unos 322 niños viven en cárceles, donde sus madres cumplen sentencias.

No se trata de ir a promocionar lo que hace cada dependencia, sino brindar el servicio en ese sitio. Después de 60 ferias ya lo tenemos sistematizado. Por ejemplo, llevar ahí la afiliación del Seguro Popular o los de desarrollo social, comentó Rendón al término de una visita a la prisión de Santa Martha Acatitla.