Querétaro, Qro.

En medio de protestas y con el Teatro Metropolitano rodeado de policías estatales, 14 diputados de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática aprobaron ayer reformas a la Ley de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado en materia de pensiones y jubilaciones.

La nueva disposición estipula que el trabajador que desee jubilarse deberá tener 60 años de edad y no bastarán 28 de servicio, como ocurre hasta ahora; el salario de retiro será el promedio de lo recibido en los últimos cinco años de trabajo y no el último sueldo; asimismo fija un tope de 42 mil pesos mensuales a la cantidad a recibir, pues la ley vigente no prevé límites.

Sin embargo, un día antes de que se aprobara esta ley, unos 50 funcionarios de primer nivel, entre ellos 32 del Poder Judicial, solicitaron, en una coyuntura por la ley, sus jubilaciones (de aproximadamente 140 mil pesos mensuales) para evitar que les afectara la reforma.

La noche del miércoles, cientos de trabajadores se manifestaron fuera de la sede legislativa para pedir a los diputados que sacaran del orden del día la iniciativa, a fin de analizarla con detenimiento.

El recinto amaneció ayer custodiado por granaderos y policías estatales, pero los diputados sesionaron con sigilo en el Teatro Metropolitano, adonde los reporteros fueron trasladados en vehículos oficiales.

La minuta fue aprobada por la comisión de planeación y presupuesto en sólo cinco minutos, y en el pleno, el dictamen fue aprobado con 14 votos a favor y 11 en contra, de los partidos Morena, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional.

Herlinda Vázquez Munguía, de Morena, solicitó moción suspensiva para que ese punto fuera retirado del orden del día y discutido con detalle en otro momento, pero su petición fue rechazada.

El presidente de la mesa directiva, el panista Roberto Carlos Cabrera Valencia, dijo que esa reforma era necesaria para evitar una carga al erario, mientras su correligionario Eric Salas González, quien preside la comisión de planeación y presupuesto, señaló que esta ley fue consecuencia del abuso de los ex diputados Marco Antonio León Hernández y Jesús Galván Méndez, quienes recibirán 47 mil pesos mensuales.

Datos del gobierno estatal indican que hace seis años el costo de las pensiones en la entidad era de 110 millones de pesos al año; para 2016 pasará a 515 millones y, de continuar esa tendencia, para 2021 sería de mil 400 millones de pesos.

Entre los funcionarios que solicitaron su jubilación se encuentran los magistrados Arturo González de Cosío Frías, Carlos Septién Olivares, Juan Ricardo Jiménez Gómez, Araceli Aguayo Hernández, Celia Maya García, Basilisa Balderas Sánchez y María de Lourdes Portillo, quienes de acuerdo con la página del Tribunal Superior de Justicia ganan 141 mil 582 pesos brutos al mes, suma con la cual podrán jubilarse.

Los panistas explicaron que aunque la reforma legal entre en vigor a la brevedad posible, estas solicitudes podrían ser aprobadas en la comisión de trabajo y previsión social con los criterios de la ley vigente.

Existe otro paquete de 100 solicitudes, incluidas las del ex coordinador de la Unidad de Servicios de Educación Básica del estado, Jaime Escobedo Rodríguez, y del ex secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Píos Tovar.

Aguinaldos incompletos en la UAQ

Jubilados y pensionados de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) denunciaron ayer en conferencia de prensa que, sin explicación alguna, autoridades de esa casa de estudios les recortaron el aguinaldo, por lo que demandaron revisar los casos de unas 200 personas.

Por la tarde, el rector Gilberto Herrera Ruiz y el abogado general de la institución, Óscar Guerra Becerra, ordenaron rembolsar los recortes aplicados a docentes, ex líderes sindicales y ex funcionarios de esa institución.