l zipizape protagonizado ayer en el Senado de la República entre las bancadas del Partido de la Revolución Democrática, por un lado, y el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, por el otro, debido a la reforma política del Distrito Federal, ilustra hasta qué punto el conjunto de modificaciones legales constituye una carta de negociación entre los principales firmantes del Pacto por México.
Según los perredistas, la coordinación senatorial del tricolor torpedeó la votación de la reforma mencionada en represalia por las protestas de los del sol azteca a la toma de protesta de los dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el boicot a la votación de un nuevo vocal del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
Todo indica que, debido a la trifulca, la reforma referida no podrá ser votada en lo que queda del actual periodo de sesiones, el cual llega a su fin el martes próximo, y que para los habitantes de la ciudad capital seguirá insatisfecha su reivindicación y se mantendrá por tiempo indefinido la injusticia histórica que los ha mantenido en calidad de ciudadanos de segunda clase, en la medida en que han carecido de autodeterminación y de órganos de representación en el mismo nivel que el resto de los estados del país.
Lo cierto es que en los términos de las reformas referidas, el actual Distrito Federal aún estaría lejos de superar su condición anómala en el contexto nacional, toda vez que el proyecto otorga al presidente de la República atribuciones especiales –como la de remover al titular de seguridad capitalino– y que tanto el jefe del Ejecutivo como el Legislativo federal tendrán la potestad de aprobar la deuda pública capitalina.
Según la abortada reforma, el tutelaje federal sobre la capital se expresaría, en primer término, en una injustificable intromisión en el congreso constituyente de la ciudad de México, para el cual la Presidencia, el Congreso y el gobierno local nombrarían a 40 por ciento de los integrantes, en lo que constituía una clara determinación de perpetuar las orientaciones políticas y económicas que actualmente imperan en el país y en la ciudad capital.
En suma, no se ha perdido gran cosa con el fracaso de una reforma cuyo espíritu era anterior a los postulados de Francisco Primo de Verdad (1760-1808), precursor de la Independencia que por primera vez, en el territorio de lo que hoy es México, enarboló el principio de la soberanía popular, el cual se encuentra actualmente plasmado en el artículo 39 de nuestra Carta Magna.
Cabe esperar, finalmente, que en el próximo periodo legislativo se logre construir un proyecto de reforma para el Distrito Federal más orientado a satisfacer las aspiraciones políticas de sus habitantes, menos condicionado por los jaloneos partidistas por cuotas de poder, y que se supere de una vez por todas el injustificable afán de preservar la obsoleta y antidemocrática tutela presidencial y federal sobre la ciudadanía de esta capital.
